El incendio de Ciudad Juárez, que hasta el momento tiene saldo de 40 personas fallecidas, en su mayoría migrantes centroamericanos, desnuda la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y vuelve a poner en la mira los acuerdos secretos que tuvo la Cuarta Transformación con la administración de Donald Trump.
Ya en su momento el ex presidente estadounidense reveló cómo puso contra la pared, por no decir que de rodillas, al gobierno mexicano, para que la administración cuatrotera se convirtiera en la patrulla fronteriza estadounidense en la frontera sur.
La migración es un derecho que tienen las personas para buscar mejorar sus condiciones de vida y es un tema pendiente, delicado y complejo que se ha agravado en los últimos años.
Pero México no tiene una política migratoria definida. Si bien no se trata de que habra las fronteras de manera indiscriminada, tampoco debe convertirse en la policía de Estados Unidos, como en los hechos lo es.
En lugar de una política migratoria clara y sólida, el gobierno mexicano estableció auténticas cárceles, en los que los migrantes son tratados como delincuentes y los tienen, menores de edad incluidos, en condiciones infrahumanas.
¿Dónde está el gobierno humanista que presume López Obrador?
Desde aquellos oscursos acuerdos con Trump se envió a la mayor parte de la Guardia Nacional a la frontera sur, en donde ha habido abusos en contra de los migrantes, que no solo están a merced de la delincuencia organizada, sino también de la corrupción rampante en el Instituto Nacional de Migración.
Si hay una prueba de que en México no ha habido transformación y que se ha vuelto una política pública lo que se dice combatir, es decir la corrupción, es justamente lo que ocurre al interior del Instituto Nacional de Migración, que desde siempre ha sido una de las dependencias más corruptas del gobierno mexicano.
A su interior continúa la impunidad y la corrupción y todo ello se resume en el incendio de Ciudad Juárez, en un hecho en el que no hay voluntad política para resolver y castigar a los responsables, porque con ello se afectaría la sucesión presidencial.
Y una prueba de que no hay voluntad para castigar a los responsables, es el peloteo que hay entre las mañaneras del presidente López Obrador y las tardeadas de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública.
En las mañanas el Presidente se abstiene de profundizar sobre los hechos, esquiva hablar de los contratos para que funcionarios de la dictadura nicaraguense ofrezcan servicios de seguridad privada en instalaciones federales, delega todo a Rosa Icela, pero ésta sólo le da más vueltas al asunto y lo hace más enredado que el queso de Oaxaca.
Lo que se sabe, es que esa empresa, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, tiene un contrato de más de $3,000 millones de pesos, pero no cuenta con el número de elementos que justifiquen ese pago.
¿A caso es una fachada para que por vía de esa empresa se financie al gobierno de Daniel Ortega?
En la supervisión de esa empresa y de la operación de lo centros de reclusión para migrantes hay responabilidad de la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López y de la Secretaría de Seguridad Pública, de Rosa Icela.
¿Habrá sanciónpara ellos? ¿Por qué la protección al director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yañez?
La protección de los corruptos es el sello del sistema político mexicano. Así fue en la primera temporada del PRI, así fue en los dos capítulos del panista, aasí fue en la segunda temporada priista con Enrique Peña Nieto y así es en la cuarta transformación.
No es solo el caso de Garduño. Allí está el caso aún fresco de Ignacio Ovalle, con el saqueo de $15,000 millones de pesos en Segalmex, allí están los contratos al hijo de Manuel Bartlet, los privilegios a la familia presidencial y muchos más.
Si Fox falló, si la esperanza de México está fallando, ¿para dónde nos hacemos?
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