Cancún, 16 de septiembre (Gilda Piña)
Nacieron en medio de la adversidad, bajo normas y restricciones de un centro penitenciario, sin embargo; los llamados menores invisibles, esos pequeños que la sociedad no conoce, tienen derecho a vivir en una vida lo más normal posible hasta los 3 años, que es la edad máxima permitida para estar con su madre en prisión.
La falta de una alimentación balanceada que es fundamental para su desarrollo, el no tener una identidad al no estar registrados ante el Registro Civil, y el acceso a la salud, ante padecimientos que, en ocasiones, no pueden ser tratados entre cuatro paredes, son algunas de las preocupaciones de organizaciones no gubernamentales como Desde Cero, organismo afianzado en Cancún que recolecta, víveres, productos de higiene personal y busca los enlaces con la autoridad para llevar servicios a su familia y a sus hijos.
“Son bebés que nunca pidieron estar en ese lugar y que llevan consigo la carga de la historia de sus padres, padres que en su infancia fueron vendidos, maltratados, abusados, explotados y en muchos casos padres que están injustamente en prisión”, explica Jennifer Alamilla López, de la fundación Desde Cero.
Recientemente, se logró que 14 menores, la mayoría bebés nacidos en el Cereso de Cancún debido a que sus madres fueron privadas de su libertad, algunas embarazadas, incluso, en Cancún, una de las reclusas recientemente arrestada, mencionó que ingresó a prisión a las dos semanas de gestación.
Y es que este es un sector vulnerable, al igual que los menores que viven en los asentamientos irregulares de Cancún, son lugares donde existe el mayor número de niños sin registro que pasan de los seis meses, es por tal motivo, que con el apoyo de diferentes dependencias se canalizan estas solicitudes para que sean atendidos, como es el caso del Cereso, donde se le da atención a los registros de nacimiento.
El Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2022 realizado por la Comisión de derechos Humanos del Estado de Quintana Roo arrojó en ese año que se requería mejorar las condiciones de los edificios en donde habitan las madres junto a sus hijos, además de la calidad de higiene.
Indicó que “es importante valorar desde un enfoque de género especializado e interseccional la situación de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del estado”.
De acuerdo con Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) los pequeños que viven con sus madres en la cárcel, serán separados de sus padres a los tres años, por lo que sus primeros tres años se lucha por dignificar su vida, aunque hayan nacido entre barrotes y en un entorno gris.