CHETUMAL .- La Consejería Jurídica del gobierno de Quintana Roo considera como grave que la agrupación internacional Artículo 19, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión en el mundo, sea manipulada con información falsa sobre inexistentes ataques a la libertad de expresión en el estado.
En un nuevo informe sobre la libertad de expresión en México, Artículo 19 menciona que en 2014 hubo 42 ataques a periodistas en Quintana Roo, pero no los enumera o precisa. Sólo se refiere al caso de la revista Luces del Siglo cuya propietaria, Norma Madero, denunció que era clonada por órdenes del gobierno de Quintana Roo, pero al no poder demostrarlo le fue negado el amparo que tramitó.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Consejería Jurídica, a cargo de Raúl Labastida, Artículo 19 no toma en cuenta que en el caso de Luces de Siglo ya hubo una resolución judicial mediante que favoreció al gobierno de Quintana Roo.
El comunicado señala que en reciente intervención ante Artículo 19, “Norma Madero reproduce una serie de graves acusaciones contra autoridades quintanarroenses, que van desde la acusación de infamias, al acoso permanente, la clonación de la revista Luces del siglo, amenazas, intimidación y otras conductas delictivas destinadas a lesionar en su perjuicio y la de sus medios de información, la libertad de expresión y prensa”.
“Las acusaciones lucen graves y fueron las mismas que motivaron el año pasado la presentación ante el juzgado séptimo de distrito con sede en Cancún, las demandas de amparo registradas en losen los juicios 1186/2014 y 1099/ 2014”, indica el comunicado.
En su momento, agrega, dichas demandas de amparo se utilizaron mediáticamente como pruebas de los que debía ser probado, y con base en las mismas se generó en la Península un grave escándalo sobre supuestos atentados a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la labor periodística.
“Sin embargo a casi un año de aquellas escandalosas acusaciones, el juzgador federal que conoció de dichas demandas resolvió el sobreseimiento de las mismas, por no encontrarse acreditados los supuestos actos reclamados”, recuerda.
“En pocas palabras las acusaciones no tenían fundamento ni estaban comprobadas, y en lugar de usar la denuncia penal que implicaba para su procedencia probar los hechos y la presunta responsabilidad del acusado se optó por la vía del amparo para evitar precisamente esas cargas procesales de la acusación. Y para generar y ventilar un desgastante escándalo que desprestigiase públicamente a las autoridades de Quintana Roo”.
“Hoy nuevamente se reproducen públicamente las mismas acusaciones, pero sin mencionar en un momento alguno la resolución judicial recaída en las demandas señaladas, esto es, ocultando información pertinente y necesaria para el esclarecimiento de los hechos denunciados ante Articulo 19”, indica.
“La resolución judicial motivada por las demandas de Norma Madero resultó al final un excelente servicio prestado a Roberto Borge, ya que ello permitió superar una dura y escandalosa prueba contra su administración”, subraya.
“Lo anterior permite pensar que la libertad de expresión puede ser usada mediáticamente como rehén para presionar, desprestigiar o lesionar a terceros. En este caso, y pese a existir resolución judicial se sigue insistiendo en acusaciones que no están acreditadas y se usa la libertad de prensa como rehén, precisamente secuestrada, por quienes e suponen hacen de ella su profesión, incluso al victimizarse de actos no acreditados y ocultar las resoluciones judiciales al respecto, se intenta manipular a organismos internacionales, mintiéndoles y ocultándoles información y todo ello en nombre de la libertad de expresión, la cual resulta víctima de las manipulaciones de Norma Madero”.