La reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un nuevo revés: los dos jueces federales especializados en competencia económica la mantienen congelada.
Hasta ayer, Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro, jueces Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones otorgaron 27 suspensiones provisionales
en contra de la aplicación del decreto que modifica la Ley de la Industria Eléctrica publicado el pasado 9 de marzo.
A las resoluciones dictadas por Gómez Fierro, que derivaron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera al Consejo de la Judicatura Federal que investigue si ese juez tiene intereses de por medio para frenar la reforma eléctrica, se sumó el criterio de De la Peza López Figueroa, quien ayer concedió la suspensión provisional en 11 amparos.
Esta medida también tiene efectos generales como lo resolvió Gómez Fierro en las 16 suspensiones que otorgó en la materia.
A pesar de la inconformidad que presentó López Obrador contra Gómez Fierro, y que será analizada por el Consejo de la Judicatura, que determinará si hay elementos para iniciar una investigación, este juez concedió más suspensiones provisionales a empresas como Compañía Eólica de Tamaulipas y Eólica de Oaxaca.
“Los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por ciertas empresas que realizan actividades reguladas en materia de energía eléctrica, deben tener efectos generales”, señala la resolución.
Y agrega que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, “es decir, solamente para las quejosas, este Juzgado de Distrito no sólo estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”, resolvió el juez Gómez Fierro.
La ruta que sigue es que ambos jueces todavía deben decidir si conceden las suspensiones definitivas para frenar por tiempo indefinido la aplicación de la reforma eléctrica hasta que se resuelva el juicio de amparo.
Además, estas resoluciones judiciales pueden ser impugnadas mediante recursos de queja para que, en su caso, tribunales colegiados determinen si confirman, revocan o modifican las decisiones de los jueces en materia administrativa.