Ciudad de México.- En un operativo sin precedentes, el Gobierno de México extraditó a Estados Unidos a 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y presunto responsable del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
El Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó en conferencia de prensa que la entrega se realizó en coordinación con el Gobierno estadounidense debido al riesgo de que algunos de los extraditables fueran liberados o sus procesos siguieran retrasándose en México.
“El Gabinete de Seguridad tenía información de que algunos de estos objetivos podrían ser beneficiados con acuerdos judiciales, como ya ha ocurrido en otras ocasiones y durante muchos años”, declaró Harfuch.
El traslado ocurrió horas antes de que miembros del Gabinete de Seguridad mexicano se reunieran en Washington con el Secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir la posible imposición de aranceles por la falta de acciones contra el narcotráfico.
Extradición exprés de capos de distintos cárteles
Entre los narcotraficantes entregados se encuentran los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “Z-40” y “Z-42”, líderes de Los Zetas; Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Erick Valencia Salazar, “El 85”, líder de Los Matazetas.
También fueron extraditados José Jesús Méndez Vargas, “Chango Méndez”, fundador de La Familia Michoacana, y José Alberto García Vilano, “La Kena”, cabecilla de Los Ciclones.
Estos capos pertenecen a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, las cuales fueron designadas recientemente como organizaciones terroristas por el gobierno de Donald Trump.
Las acusaciones en su contra incluyen tráfico masivo de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína hacia Estados Unidos, así como homicidios y actos de violencia relacionados con el narcotráfico.
El operativo se llevó a cabo con aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada de México, sin que los detenidos agotaran sus procesos de extradición en tribunales nacionales.
La medida refuerza la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado y busca evitar que estos delincuentes puedan quedar en libertad en territorio mexicano.