Ciudad de México.- México cayó cinco puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, obteniendo una calificación de 26 sobre 100, lo que lo posiciona como el país peor evaluado dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el penúltimo del G20, solo por encima de Rusia.
El país había mantenido una calificación de 31 puntos en los años 2021, 2022 y 2023, pero el informe más reciente confirma un deterioro en la percepción ciudadana sobre la corrupción. Según datos del INEGI, el 83% de la población en 2023 consideró que la corrupción es un problema “frecuente o muy frecuente”, y 6 de cada 10 mexicanos reportaron haber sido víctimas de corrupción o extorsión policial.
A nivel global, Dinamarca (90), Finlandia (88) y Singapur (84) encabezan la lista de países con mayor transparencia, mientras que los más rezagados son Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (8). Dentro de América Latina, México supera a Guatemala (25), Paraguay (24) y Honduras (22), pero se encuentra por debajo de Brasil (34) y Chile (63), sus principales competidores económicos en la región.
El índice, basado en información de 13 fuentes independientes, busca reflejar tendencias más allá de eventos específicos. Sin embargo, estos resultados contrastan con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero pasado, cuando afirmó que la administración actual ha erradicado la corrupción en México y que su gobierno continuará con la transformación del país.
La lucha contra la corrupción sigue siendo un desafío, pues, aunque la OCDE ha reconocido que México cuenta con un marco estratégico sólido en la materia, ha señalado deficiencias en su implementación, especialmente en la evaluación de riesgos de fraude, vigilancia de actividades de cabildeo y transparencia patrimonial de funcionarios.
En este contexto, organismos como Transparencia Mexicana han reiterado la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, recuperar activos desviados y sancionar casos de corrupción transnacional para reducir la impunidad y mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la transparencia en el país.