Ciudad de México, 16 de abril de 2025 — El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció este miércoles la publicación de un decreto que prohíbe legalmente los espectáculos públicos donde se haga apología de la violencia o del delito, alineándose con otras entidades del país que han tomado medidas similares contra los llamados narcocorridos y sus variantes.
“Quiero ser muy claro: no se prohíbe la música en espacios privados, pero los espectáculos públicos que hagan apología del delito, de la violencia, sí serán sujetos a una falta administrativa y a su cancelación”, declaró el mandatario morenista en conferencia de prensa.
Ramírez Bedolla enfatizó que la medida busca evitar la promoción de la cultura del crimen en eventos masivos y reiteró que no se trata de censurar la libertad de expresión, sino de establecer límites a contenidos que glorifican el narcotráfico y la violencia.
El decreto prohíbe otorgar permisos a conciertos, bailes y eventos públicos donde se interpreten canciones o se proyecten imágenes que exalten actividades delictivas, y hace un llamado a los municipios del estado a adherirse a esta regulación. El gobernador recordó que, desde el inicio de su gestión, también se impulsó la prohibición de peleas de gallos como parte de una política para erradicar prácticas violentas.
Con esta decisión, Michoacán se suma a los estados de Nayarit, Baja California, Chihuahua, Estado de México y Quintana Roo, que ya han establecido restricciones similares a espectáculos musicales con contenido relacionado al crimen organizado.
La polémica sobre los narcocorridos ha ganado fuerza en el debate nacional. Mientras algunos gobiernos endurecen las medidas legales, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha manifestado en contra de prohibiciones absolutas, señalando que lo importante es evitar letras que promuevan explícitamente la violencia, sin recurrir a la censura artística.
El tema volvió al centro de la atención tras los disturbios registrados en la Feria del Caballo en Texcoco, donde la prohibición de interpretar narcocorridos derivó en actos violentos. En respuesta, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la morenista Delfina Gómez, advirtió que el Código Penal faculta a las autoridades para sancionar a artistas, promotores e incluso asistentes que incurran en apología del delito durante espectáculos públicos.
A su vez, en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus envió una iniciativa al Congreso local para prohibir la difusión de música, videos o imágenes que hagan apología del crimen. Incluso, legisladores de Morena a nivel federal han propuesto penas de hasta cuatro años de prisión por promover este tipo de contenidos en conciertos o medios.
Casos recientes, como la proyección de imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una presentación de Los Alegres del Barranco en la Universidad Autónoma de Guadalajara, han detonado investigaciones y cancelaciones de conciertos en varios estados.
No obstante, no todos los gobiernos estatales comparten esta visión. En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha declarado que no apoyará iniciativas que busquen vetar los corridos tumbados, argumentando que no se debe limitar la expresión musical de los jóvenes.
El debate continúa abierto en todo el país, con posturas divididas entre quienes buscan frenar la glorificación de la violencia desde los escenarios y quienes consideran que tales restricciones abren la puerta a la censura cultural.
