Ministro de la SCJN rechaza suspender reforma que otorga más poder a la consejera presidenta del INE

 

Ciudad de México. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo, rechazó suspender la reforma aprobada en octubre pasado que otorga a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), facultades unilaterales para designar a los principales funcionarios del organismo y coordinar sus actividades operativas.

Pardo admitió a trámite la controversia constitucional presentada por consejeros del INE, quienes argumentan que la reforma a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) viola el carácter colegiado del organismo previsto en el artículo 41 de la Constitución. Sin embargo, negó la solicitud de suspensión al tratarse de una disposición legal, lo que en general no permite suspensiones, salvo excepciones.

La reforma elimina la facultad del Consejo General del INE de aprobar los nombramientos de Direcciones Ejecutivas, concentrando dicha atribución en la presidencia del instituto. Asimismo, establece que la Junta General Ejecutiva, integrada por Taddei, los directores ejecutivos y la Secretaría Ejecutiva, será responsable de coordinar actividades técnicas y administrativas.

La controversia fue presentada por Claudia Ojeda Suárez, quien ocupaba la Secretaría Ejecutiva como encargada del despacho hasta su renuncia el 22 de noviembre. Los consejeros inconformes argumentan que la concentración de poder en una sola figura podría afectar la confianza pública en la imparcialidad y legitimidad del INE.

Por tratarse de un tema electoral, Pardo deberá presentar con prontitud un proyecto de sentencia. Sin embargo, el retiro del ministro Luis María Aguilar y la oposición previsible de las tres ministras afines al gobierno dificultarían alcanzar los ocho votos necesarios para invalidar las disposiciones reclamadas.

Esta decisión ocurre en un contexto de creciente tensión en torno a las reformas impulsadas por el gobierno federal en materia electoral, lo que podría tener implicaciones significativas de cara a los próximos procesos electorales.

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