El secretario de Salud, José Narro, solicitó al gobierno de Veracruz un informe sobre los casos de niños con cáncer, que fueron tratados con agua destilada, “porque lo que necesitamos no son dichos, son hechos”, y hasta el momento no hay evidencia de ningún caso y solo se ha generado desconfianza en los padres.
“No hemos encontrado ninguna evidencia hasta este momento, y sí hemos hallado que ha generado en la población desconfianza, incertidumbre y una duda que lastima mucho a las instituciones.
“Lo que necesitamos no son dichos, son hechos, pruebas, no solo indicios, y si los hay, que se mantengan y sostengan a través de actas debidamente documentadas”, afirmó.
Al participar en la reunión plenaria de los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, Narro señaló que se detectaron 6 toneladas más de medicamentos caducos, con lo que suman ya 17 toneladas con las halladas hace una semana.
Sin precisar la fecha, la Secretaría de Salud encontró un desvío de recursos del gobierno de Veracruz por 670 millones de pesos, según se reporta en el documento entregado por el funcionario federal a los legisladores.
“Se ha notificado a las instancias fiscalizadoras correspondientes sobre los recursos pendientes por comprobar y no reintegrados en Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco y Veracruz. Destacan las 22 denuncias penales presentadas o en proceso por parte de la Ssa ante la PGR, por la falta de comprobación o desvío de recursos transferidos al gobierno de Veracruz por 670 millones de pesos”, destaca el documento.
En su intervención con los legisladores, Narro calificó como “doloroso” que se encontraran alrededor de 47 mil pruebas para detectar VIH Sida que no tienen registro sanitario y “que nunca debieron haberse adquirido”.
En el informe entregado a los legisladores del PRI destacó que continúa la investigación para conocer si estas pruebas fueron aplicadas a pacientes.
COADYUVAR EN INDAGACIÓN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha recibido ninguna queja por el caso de los medicamentos y las pruebas falsas suministrados a niños con cáncer, así como a pacientes con VIH en Veracruz.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, explicó que la queja sobre esos casos se aperturó de oficio en la comisión estatal de Veracruz, y “la CNDH coadyuva con la comisión estatal; es lamentable que se den estás circunstancias y ya se investiga”.
Se comprobó que esas pruebas patito eran genéricas, no tenían marca, desconocían el laboratorio que las elaboraba, pero se supo que tuvieron un costo aproximado de 9 millones de pesos.
LIBRE
El director del Régimen Estatal de Seguridad Social de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, Leonel Bustos, quedó en libertad ayer bajo fianza.
El único ex funcionario detenido por el presunto desvío de recursos por 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular, salió luego de 10 días de haber ingresado al penal de Pacho Viejo, en Coatepec.
En tanto, el diputado federal priista Antonio Tarek Abdala, ex tesorero del gobierno de Veracruz, se declaró dispuesto a comparecer ante las autoridades y responder a las acusaciones por cinco delitos que le imputa la Fiscalía General del estado.
Con información de: Isabel Zamudio, Fernando Damián y Elia Castillo/Veracruz y México.
ENFRENTA JALISCO GRAVE DESABASTO
El Instituto de Pensiones de Jalisco enfrenta un grave desabasto de suministro de medicamentos que afecta a más de 16 mil trabajadores pensionados.
De acuerdo con reportes del instituto, al 15 de enero pasado las farmacias Unimef tenían 50 por ciento de abastecimiento de un total de 763 claves asignadas al contrato; sin embargo, se reporta un desabasto de 80 por ciento de medicamentos para los ex trabajadores estatales de Jalisco, la mayoría adultos mayores, que padecen enfermedades crónicas.
El proceso de licitación fue severamente cuestionado porque el contrato se adjudicó (el 1 de diciembre de 2016) a una sola empresa con razón social Abastecedora de Insumos para la Salud, SA de CV (Abisalud), con RFC AIS091015H50 y domicilio fiscal en Ciudad de México, propiedad del diputado federal y empresario farmacéutico, Carlos Lomelí Bolaños, quien también es dueño de Lomedic, SA de CV, por un monto de contrato de 501 millones de pesos.
Abisalud, nombre comercial de la compañía cuyo giro es la comercialización de medicamentos, argumenta que el desabasto se debe al incumplimiento de los socios y el tipo de productos.