Ocurrió otra vez. Apenas un día después de que el presidente brasileño, Michel Temer, salió para ofrecer sus condolencias a los familiares de los 56 presos muertos en Manaos, un nuevo motín tuvo lugar la madrugada de ayer en una cárcel de Roraima, en el Norte del país, que cobró la vida de 33 presos.
Como en la capital de Amazonas, las víctimas fueron decapitadas, mutiladas y desmembradas: “La barbarie ocurrió sobre las dos de la mañana. No hubo intercambio de tiros, las víctimas fueron asesinadas con objetos cortantes o armas artesanales”, describió Uziel Castro, secretario de Justicia de Roraima.
El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, agregó que la nueva masacre se debió a un supuesto ajuste de cuentas interno entre integrantes de la facción Primer Comando de la Capital (PCC).
La Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo (PAMC), la mayor de Roraima, ya había sido escenario de una matanza el pasado octubre, cuando diez presos murieron tras un enfrentamiento entre el PCC y el Comando Vermelho (CV), la segunda organización criminal del país con base en Río de Janeiro. Tras la reyerta, las autoridades separaron a los integrantes de ambos clanes, que rompieron sus lazos en 2016 tras un pacto de no agresión que funcionó durante años.
El secretario de Justicia y Ciudadanía de Roraima, Uziel Castro, descartó que las muertes en Boa Vista hayan sido una venganza tras el asesinato de 56 reos, muchos de ellos del PCC, en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj) de Manaos.
El presidente Michel Temer manifestó sus condolencias y puso a disposición del Estado de Roraima “todos los medios federales” para “auxiliar” en las labores de seguridad.
El Observatorio de Derechos Humanos (HRW) aseguró ayer que las últimas masacres producidas en el interior de varias cárceles de los estados brasileños de Amazonas y Roraima, que han dejado cerca de un centenar de muertos, son el resultado de “décadas de negligencia” por parte de las autoridades del país.
“Las muertes en Roraima demuestran, una vez más, la falta de control de las autoridades brasileñas sobre lo que pasa dentro de las cárceles. No son accidentales, resultan de décadas de negligencia por parte de las autoridades brasileñas”, dijo en un comunicado la directora de HRW en Brasil, María Laura Canineu.
CLAVES
Una crisis sin fin
Desorden. Organizaciones de derechos humanos y expertos alertan regularmente sobre la precariedad de las prisiones en Brasil, sin estructura suficiente y controladas por facciones criminales que, desde el interior, manejan el negocio del narcotráfico. Ante la falta de protección y estructura los reclusos se alinean con unas u otras facciones.
Superpoblación. Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, con 622 mil reclusos. En el país hay una política de encarcelación que envía a prisión a los condenados y las personas que esperan juicio.
Marginalidad. Pobreza y mínimo desarrollo son las principales características de la región Norte de Brasil, en la frontera con Venezuela, Perú o Colombia, lo que hace que esta zona sea estratégica en la economía de la droga, especialmente por ser una de las puertas de entrada de la cocaína.
EL DATO
Alistan demanda ante la CorteIDH
La Orden de Abogados de Brasil (OAB) presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoerteIDH) contra los estados donde ha habido masacres en el interior de algunas de sus cárceles, para exigir una resolución al problema.
Detallan el plan penitenciario
El Gobierno brasileño detalló ayer su Plan Nacional de Seguridad con el que espera mejorar las “pésimas condiciones” de sus cárceles y pidió mayor cooperación entre las instituciones del país para una lucha más efectiva del crimen organizado.
El plan se fundamenta en tres pilares: reducir los homicidios, especialmente los feminicidios; combatir el crimen organizado, con especial énfasis en la vigilancia en la región fronteriza: y racionalizar y modernizar el sistema penitenciario.
El ministro de Juticia, Alexandre de Moraes, detalló que “no es un plan de intenciones, es operacional en sus tres ejes principales: integración, cooperación y colaboración”.
La implementación de este ambicioso plan, que presentó el jueves el presidente Michel Temer y ayer fue detallado, iniciará el próximo mes en las ciudades de Porto Alegre, Natal y Aracajú y luego se ampliará al resto del país.
De Moraes admitió que “uno de los errores en el combate a la criminalidad en las últimas décadas fue separar el sistema penitenciario de la cuestión de la Seguridad Pública”, dos aspectos que a partir de ahora serán monitoreados como un todo.
