Chetumal.- La fiscal anticorrupción en Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzápalo, señaló que fiscales se reunirán con el Juez Unitario del Estado de Morelos para buscar que apruebe el traslado del ex gobernador Roberto Borge a Quintana Roo para declarar por los tres procesos abiertos en su contra.
Indicó que un juez federal de Cancún no quiso aceptar el procedimiento el año pasado y por eso no se concretó el traslado.
Es importante recordar que en diciembre del 2019 el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, turnó a uno de sus homólogos de Cancún, Quintana Roo, el proceso federal que se instruye a
Roberto Borge, por el delito de lavado de dinero por 900 millones 99 mil 418 pesos.
El impartidor de justicia determinó lo anterior al argumentar que carece de competencia para conocer del asunto, debido a que el ilícito se cometió en aquella entidad.
Borge Angulo lleva dos años en el penal de Morelos. Se le imputan, entre otros delitos, aprovecharse del cargo de gobernador para rematar a familiares y amigos más de 20 terrenos ubicados en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, pertenecientes a las reservas del Estado.
Los inmuebles habrían sido valuados en mil 138 millones 889 mil 540 pesos, pero el gobierno del Estado los vendió en 238 millones 790 mil 121 pesos, ocasionando un quebranto al patrimonio estatal de 900 millones 99 mil 418 pesos.
La Fiscal Anticorrupción de la entidad comentó que será en los próximos días cuando los fiscales que llevan el proceso contra el ex mandatario buscarán a un juez unitario para que se hagan las diligencias correspondiente y se pueda tener mas cercana la posibilidad de trasladarlo a Quintana Roo.
Dijo desconocer los argumentos por los cuales el juez de Cancún no aceptó llevar el procedimiento en la entidad, lo cual provocó que se retrase la llegada de Borge para rendir cuentas por los procesos en los cuales ya ha sido vinculado.
Hay que recordar que le han sido aseguradas diferentes propiedades por parte de la autoridades estatales como parte de los procesos para resarcir el daños patrimonial que generó a la entidad y al erario.
Esperan que en este 2020 se concreten los procesos adecuados para el traslado de este ex funcionario público y que pueda rendir declaración, tanto en Chetumal como en la ciudad de Cancún.