Chetumal, 27 de marzo (Infoqroo).- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) declaró por unanimidad la procedencia de medidas de protección a favor de una diputada de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, ante la posible ejecución de actos que podrían configurar Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG).
La decisión se tomó al emitir el Acuerdo de Pleno relativo al cuaderno de antecedentes CA/009/2024, donde se determinaron las medidas de protección solicitadas por la legisladora en contra de José Luis Pech Várguez, en su calidad de coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, José Luis Pech Galera y Jacobo David Cheja Alfaro, delegado Nacional del partido Movimiento Ciudadano en Quintana Roo.
En virtud de esta determinación, el Pleno ha ordenado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo que, conforme a sus atribuciones, asigne de manera inmediata la protección necesaria, continua y permanente a la parte actora, hasta que se dicte la sentencia de fondo por parte del tribunal.
Además, se exhortó al Titular de la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para que, en adelante, al tratarse de asuntos relacionados con VPG y el posible e inminente riesgo a la integridad, libertad y vida de la persona que solicite medidas de protección, actúe con mayor diligencia, dado que es obligación de toda autoridad otorgar estas medidas de seguridad.
En la misma sesión virtual, se atendió el Recurso de Apelación RAP/055/2024, presentado por el PRD contra el acuerdo 36 del presente año, aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Ieqroo, el cual determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el partido actor en los expedientes registrados con los números IEQROO/PES/051 y 52 acumulados.
El Pleno, de manera unánime, confirmó el acuerdo impugnado, ratificando la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el PRD, aunque por razones diferentes.
El Teqroo reiteró su compromiso con la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres y la protección contra la violencia de género en el ámbito político, velando por el respeto a la integridad y dignidad de todas las personas involucradas en estos procesos.
Ordenan medidas de protección para una diputada
