Texto tomado de Animal Político
Los padres de los estudiantes de Ayotzinapa rechazaron los resultados de las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó este 27 de enero y señalaron que no permitirán que el gobierno cierre el caso.
“No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos”, aseguró el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, quien agregó que continuarán con la búsqueda de los normalistas hasta que no se les dé una prueba científica que demuestre que los estudiantes fallecieron.
Al tomar la palabra, el abogado Vidulfo Rosales presentó una lista de 10 puntos por los que los familiares no aceptan el informe de la PGR, entre los que destacan que no existe certeza científica sobre la indagatoria, que la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo” no es concluyente, que no se ha investigado el asesinato del normalista Julio César Mondragón, que hay personas relacionadas con el caso que continúan prófugas y que no hay un juicio iniciado por desaparición forzada.
Además, dijo, no hay certeza legal sobre la muerte de los estudiantes, no se ha iniciado una investigación contra el Ejército por la posible participación en los hechos del 26 de septiembre, tampoco se ha investigado el estado delincuencial que impera en Iguala y en otros municipios y que propició la desaparición de los normalistas, además de que existen versiones contradictorias sobre los hechos ocurridos y hubo actos de coacción en contra de los inculpados.
Rosales acusó que el gobierno federal tiene prisa para cerrar una investigación que no es concluyente y adelantó que los padres de familia pedirán que los peritajes de la PGR cuenten con el aval del equipo de peritos argentinos que participa en las investigaciones.
De acuerdo con el abogado, las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, nunca establecen que estuvo todo el tiempo en el desarrollo de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerero.
Dijo que la información que presentó la PGR depende excesivamente de las declaraciones de los detenidos y agregó que “las declaraciones de los detenidos no pueden tener toda la veracidad en términos probatorios”.
Destacó que las autoridades no han investigado la muerte de Julio César Mondragón, por lo que se trata de un cabo suelto que, junto con las detenciones que hacen falta, podrían cambiar el curso de la investigación.
Insistió en que no hay certeza científica de la muerte de 42 de los estudiantes desaparecidos y dijo que aún faltan dos líneas por investigar: la participación del Ejército y la indagatoria en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Adelantó que los familiares de los normalistas acudirán a instancias internacionales en busca de ayuda, por lo que el próximo 2 y 3 de febrero irán al comité de Desaparición Forzada de la ONU, donde acusarán de manera formal al gobierno mexicano.
Después de rechazar la versión de la Procuraduría General de la República con la pregunta “Si los quemaron con todo y celulares, ¿por qué 15 días después de la desaparición el celular de mi hijo timbraba?”, Epifanio Álvarez, padre de Jorge, uno de los estudiantes desaparecidos, aseguró que el gobierno federal “ha pisoteado su dignidad”.
“La subprocuradora me dijo que mi hijo estuvo en Flores Magón; no es posible que los hayan quemado”, señaló Carmen Cruz, madre de otro de los normalistas, quien pidió que el gobierno les entregue a sus hijos antes de acusar que los militares sí participaron en la desaparición de sus hijos, puesto que “bloquearon calles” y habían amenazado a los estudiantes.
Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza, otro de los desaparecidos, aseguró que gente de Iguala les comentó que el Ejército había participado en la desaparición de los jóvenes y acusó que la intención del gobierno es cerrar el caso antes de las elecciones del próximo 7 de junio.
Antes de concluir la conferencia, una de las madres de los desaparecidos aseguró que los familiares de los estudiantes lucharán para que no haya elecciones en Guerrero en junio próximo.
La tarde de este 27 de enero, la Procuraduría General de la República confirmó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, cercano al basurero de municipal de Cocula.
