El ejido Cerro de las Flores está perdido en la profundidad de la selva en el sur de Quintana Roo, en la zona limítrofe con Campeche. De hecho, es Santa Rosa para los campechanos que la consideran una comunidad del municipio de Calakmul, cuya creación dio pie al lío limítrofe entre embas entidades.
Sin embargo, a pesar de su escaso potencial económico, la región despertó cierto interés en dos altos funcionarios del gobierno de Mario Villanueva Madrid: Julio César Mena Brito y Diego Rojas Zapata, entonces secretario de Turismo y Oficia Mayor, respectivamente.
Ambos, más empresarios que políticos, decidieron adquirir derechos ejidales en esa comunidad. Villanueva Madrid se enteró y los destituyó de manera fulminante en 1996.
“No voy a permitir que desde mi gobierno se traten de aprovechar de los campesinos”, declaró en su momento el ex gobernador, hoy preso en Estados Unidos donde se declaró culpable de “lavado” de dinero”.
A partir de que en 1992 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari promovió reformas que permitían a los ejidatarios vender sus parcelas o asociarse con empresarios para impulsar actividades productivas, una avalancha de “coyotes” inmobliarios invadió Quintana Roo, especialmente en las regiones con potencial turístico, como la Riviera Maya, la parte continental de Isla Mujeres, Chiquilá y Holbox.
De hecho, en Yucatán hay una especie de “casta”, no precisamente divina, pero sí al servicio de ésta, de nuevos ricos que hicieron fortuna al vincularse, precisamente, con el tráfico de influencias y actos de corrupción de autoridades federales para despojar a los ejidatarios de sus tierras más valiosas.
La zona de Punta Piedra, en el ejido Pino Suárez, cerca de Tulum, es uno de los ejemplos más conocidos, pero no el único, que se dio en la Riviera Maya.
Así, como modernos piratas, empresarios, no solo quintanarroenses o yucatecos, sino de otras partes del país, tomaron por asalto ejidos con potencial turístico, como Chiquilá y Holbox, donde como vil conquistadores entregaron espejitos a cambio de derechos ejidales que de la noche a la mañana los hicieron dueños de valiosas extensiones de tierras que, de otra forma, no habrían adquirido.
El caso de Holbox es particularmente importante, porque sus habitantes están al borde de quedar al margen de la toma de desiciones sobre el futuro de la isla, luego de que 70 empresarios yucatecos se hicieron ejidatarios a principios de la década pasada y que ahora quieren el control total del ejido, para llevar a cabo sus planes de desarrollo.
Se hicieron “ejidatarios” gracias a la ignorancia de muchos de los nativos de la isla, pero también con el apoyo de funcionarios de dependencias como la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional Agrario (RAN), que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para justificar “legalmente” los actos, a cambio de algunos cuantos metros de tierra como “propina”.
Una manta con una lista de “non gratos” en una de las calles de la isla incluye al actual delegado del RAN, Rodolfo Vallín Lugo, como uno de los responsables de lo que en la isla y algunos otros círculos se considera un despojo, pero todo estaba listo cuando el funcionario asumió su cargo el año pasado.
Todo se “planchó” durante la gestión de sus antecesora, la hoy diputada federal panista Alicia Ricalde Magaña, por cierto defensora de los holboxeños, férrea crítica de las pretensiones empresariales antes de que el gobierno de Felipe Calderón la nombrara delegada del RAN.
Holbox está en proceso de renovación de sus autoridades ejidales. El grupo yucateco usó su mayoría en segunda convocatoria en reciente asamblea para trasladar el proceso de elección a Kantunilkin, en la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, pues tienen temor de enfrentar a los habitantes del lugar en el que pretenden hacer el negocio de su vida.
No es que sea malo llevar el desarrollo económico a Lázaro Cárdenas. Lo deleznable está en la forma, en el abuso, sobre todo viniendo de prominentes familias como la Ponce, una de las más ricas de la Península.
Hasta anoche el ambiente en la isla era muy difícil, de confrontación. No hay mejor forma de garantizar las inversiones que se quieren hacer en la isla que dejando a todos contentos y la única forma de hacerlo es con justicia, no con abusos y despojos. ¿Se logrará?
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