Posteriormente, se dieron paliativos para cubrir las carencias: el gobierno negoció la adjudicación de algunas hectáreas ejidales como reserva y comenzó a entregar lotes en breña en la región 95. La medida no detuvo lo que fue una cadena de invasiones y sí, en cambio, motivó la aparición de “cinturones de miseria”.
De hecho, a pesar de que se empezaron a entregar terrenos en breña, las invasiones continuaron en lo que actualmente se conoce como franja ejidal, en donde viven más de 100,000 personas, que enriquecieron a unos cuantos líderes que lucraron con esos predios. Hubo un intento más por reubicar a esa gente, en las regiones 100, 101 y 102, pero ya era imparable la invasión.
El desfasamiento entre el crecimiento demográfico y la capacidad financiera del gobierno se ve claramente en las llamadas colonias viejas, como las supermanzanas que van de la 63 a la 90 y las famosas “cienes”, que durante muchos años no contaron con drenaje, servicio del que ya están siendo dotadas. De hecho, se considera que el 60% de la ciudad carece del servicio.
Ante ese problema, en diciembre de 1990 los regidores y los colegios de profesionistas firmaron las famosas “Ocho premisas” que, hasta la fecha, no se cumplen cabalmente. Esas premisas, señalan, entre otros puntos, que para constituir las reservas territoriales de la ciudad de Cancún, el Ayuntamiento deberá expropiar las tierras necesarias para conformar sus reservas territoriales alrededor de la mancha urbana y formar parte del patrimonio municipal.
Eran, precisamente, los tiempos en que el alcalde era Mario Villanueva Madrid. Talvez atendiendo en parte esa demanda, con el apoyo del gobierno federal crea el Fideicomiso Fondo de Solidaridad Cancún que, entre otras cosas, adquiere la responsabilidad de entregar y recuperar los costos de urbanización de las regiones 77, 100, 101, 102 y 103.
Sin embargo, ya como gobernador, ese fideicomiso se “liquidó” y fue absorbido por el Catastro. Fue el único experimento que se hizo para que el Ayuntamiento administrara su propia reserva.
Otra de las famosas premisas decía que antes de que se entregaran los lotes, éstos deberán contar con todos los servicios públicos. Hasta la fecha nada de eso se ha cumplido, si acaso se intentó hacer en la Región 516 que, con el apoyo del Programa 100 Ciudades, fue urbanizada antes de entregarse a sus actuales moradores.
Hoy en día, cuando la tasa de crecimiento poblacional no es superior al 12%, parece ser que el gobierno tiene menos presiones y no se prevé la conformación de una nueva “olla de presión”, pues el Inviqroo cuenta ya con suficiente reserva y la actual demanda insatisfecha no es superior a las 6,000 solicitudes.
Además, ya hay diversas empresas y el Infonavit que están construyendo suficientes viviendas con esquemas de financiamiento accesibles.
Además, el gobierno del Estado tampoco tiene la responsabilidad de ampliar la capacidad de generación de agua potable, pues ahora ese servicio esta concesionado y, como negocio, la empresa concesionaria buscará siempre tener más ingresos y, por lo mismo, realizar nuevas inversiones para cubrir la demanda de nuevas zonas de la ciudad.
Aunque se prevé una nueva inmigración de niveles considerables cuando se destraben los megadesarrollos de Puerto Cancún y Malecón Cancún, el Inviqroo ya realiza gestiones con ejidatarios de Bonfil para la expropiación de más tierras que se destinarían a la construcción de vivienda.
En el Plan Maestro de Cancún que elaboró Cancún se estableció que la zona urbana ocuparía 3,699 hectáreas, pero actualmente esa área es más del triple de la originalmente planeada, lo que indica cuan exitoso fue el desarrollo turístico, por su atracción de visitantes y de habitantes, aunque haya fracasado como detonador del desarrollo regional, principalmente de aquellas comunidades que deberían estar produciendo los insumos que actualmente se siguen importando.