Ciudad de México, 19 de marzo de 2025 – La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó un paquete de iniciativas para castigar con penas de hasta 140 años de prisión a integrantes del crimen organizado responsables del reclutamiento ilícito, así como a políticos y funcionarios que se coludan con estos grupos.
En conferencia de prensa, el diputado Héctor Saúl Téllez explicó que la propuesta busca tipificar el reclutamiento ilícito como delito grave, con penas de entre 80 y 140 años de cárcel. Señaló que esta práctica es una de las principales fuentes de crecimiento del crimen organizado en el país.
De acuerdo con estimaciones citadas por Téllez, entre 190 mil y 220 mil personas forman parte de la delincuencia organizada en México, lo que equivale a la plantilla laboral de empresas como Oxxo o Pemex. Además, cada año entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y jóvenes son reclutados por estos grupos delictivos.
Castigo máximo para políticos coludidos
El diputado Enrique García detalló que la bancada panista también propondrá sancionar con la pena máxima de 140 años de prisión a cualquier funcionario o político que facilite las operaciones del crimen organizado. La misma pena aplicaría para miembros de grupos delictivos que se coludan con políticos.
García enfatizó que este delito no prescribirá, pues representa una amenaza para la estabilidad institucional del país, especialmente en un contexto donde se avecina la elección de jueces, magistrados y ministros.
“Tenemos que eliminar de raíz este problema, porque hay una relación de complicidad entre políticos y grupos delictivos. En muchos casos, son los propios políticos quienes encabezan estas organizaciones”, declaró.
Medidas para proteger a menores y atender desapariciones
La diputada Tania Palacios anunció que otra de las iniciativas del PAN buscará modificar los artículos 4 y 16 de la Constitución para reconocer la urgencia de acciones preventivas contra el reclutamiento forzado de menores.
Palacios recordó que, según datos de organizaciones civiles, en 2020 entre 35 mil y 45 mil menores fueron reclutados por el crimen organizado, y otros 250 mil están en riesgo. Señaló que el reciente hallazgo del centro de exterminio en Teuchitlán evidencia la necesidad de proteger a la niñez mexicana.
Por su parte, la diputada Paulina Rubio presentó una iniciativa para reformar el artículo 39 de la Ley del Congreso General y crear una comisión ordinaria de búsqueda de personas desaparecidas. Esta comisión vigilaría el desempeño de las autoridades y el uso de recursos públicos, con el fin de evitar que la Comisión Nacional de Búsqueda siga subejercicios presupuestales.
“Queremos evitar que se repitan casos como el cierre del centro de identificación humana en 2024 o el subejercicio de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ha dejado sin usar miles de millones de pesos en los últimos años”, afirmó Rubio.
Asimismo, la legisladora propuso inscribir en el Muro de Honor del Congreso una frase en homenaje a las madres buscadoras, reconociendo su lucha incansable en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Crítica a Morena por falta de compromiso
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, criticó a Morena por no respaldar la creación de una comisión especial sobre desapariciones. Lixa lamentó que Ricardo Monreal haya declarado que esta comisión no es necesaria, pese a que previamente se había comprometido a que su conformación sería votada en la Junta de Coordinación Política la próxima semana.
Mientras tanto, la bancada panista insistirá en que el Congreso priorice estas reformas para combatir el reclutamiento ilícito y garantizar justicia para las víctimas de desaparición forzada en el país.
