Lo responsabilizan de la grave crisis que sufre el país. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este lunes al presidente Nicolás Maduro en “abandono del cargo”, al responsabilizarlo de la grave crisis que sufre el país, y pidió la celebración de elecciones.
“Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolas Maduro y se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto”, anunció el jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, al leer el documento desde la tribuna del hemiciclo.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa a Maduro de incumplir deberes y hundir al país en una grave crisis, con escasez de alimentos y medicinas, una inflación que es la más alta del mundo y una criminalidad desbordada.
“Hay que presionar al Gobierno para que se den las elecciones”, afirmó este lunes el jefe del Legislativo, Julio Borges, quien sostiene que Maduro gobierna fuera de la Constitución porque no garantiza los derechos a la alimentación, la salud y la vida.
Según la ley, si el Parlamento declara “falta absoluta” del gobernante antes de que cumpla su cuarto año de mandato, se convocarán elecciones en 30 días. Después de ese límite, será sustituido por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial.
Más temprano, la Justicia –afín al chavismo– adelantó que el Parlamento carece de facultad para destituir al presidente Nicolás Maduro. La “Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir al presidente de la República”, advirtió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de servir al Gobierno, en una nota enviada a la prensa poco antes del inicio de la sesión parlamentaria.
“No tienen facultad”
El encargado de cerrar el debate fue el expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, quien aclaró que si bien esta disposición legislativa no concluiría con la defenestración de Maduro, “nosotros no nos podemos abstener de cumplir con nuestros deberes constitucionales. Nosotros no vamos a incurrir en abandono”. Los representantes de Avanzada Progresista, miembros de la fracción opositora, salvaron su voto por considerar que esta decisión “complica la ruta electoral que debe ser nuestro principal objetivo estratégico” y “es una acusación ineficaz e inejecutable”.
Antes de que la Asamblea Nacional iniciara el debate, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el que advierte que los diputados “no tienen la facultad para destituir al Presidente de la República”. La cúpula del Poder Judicial recordó que en noviembre prohibió a los legisladores “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.
La ofensiva del Legislativo confirma el fracaso del proceso de diálogo que el oficialismo y la oposición iniciaron el pasado 30 de octubre con la facilitación del Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).
Tras los últimos contactos entre las partes, que se realizaron el 6 de diciembre de 2016, los acompañantes internacionales solicitaron “a los poderes públicos no aprobar o abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero de 2017”, cuando tenían previsto retomar las conversaciones. Ninguno de los actores respetó esta petición.
La crisis política en Venezuela se agudizó a finales de octubre pasado, después de que la justicia penal suspendió la celebración del referendo revocatorio que la oposición pretendía activar para echar a Maduro del palacio de Miraflores. La mayoría parlamentaria rechazó el bloqueo de la consulta electoral y denunció que en el país se instauró una dictadura. Con información de AP y Univisión Noticias.