Por corrupción, conflicto de intereses y desacato a un mandato judicial, socios de la plataforma digital Uber pedirán al Congreso del Estado juicio político contra la secretaria de Gobierno, Cristina Torres , y los directores Rodrigo Alcázar, de Imoveqroo, y Erica Castillo, de gobierno, señalados, además de arengar a la violencia.
En conferencia de prensa, Carlos Calzada, operador de Uber, dijo que constitucionalmente y por tener los argumentos necesarios les asiste ese derecho por lo que se están dirigiendo al titular de la Comisión de Justicia, el diputado Hugo Alday Nieto, la solicitud de juicio político contra esos tres funcionarios.
“Las causas son corrupción, un conflicto de intereses grave y desacato a un mandato judicial. Estos tres funcionarios salieron a declarar exactamente lo mismo, que el servicio de Uber es ilegal, ni siquiera dicen irregular”, añadió, tras mencionar que por, el contrario, el diputado Julián Ricalde declaró que la operación de Uber es válida desde el momento en el que se dio el fallo del juez.
“El juez determinó que el Gobierno del Estado puede regular dentro de sus facultades, no hacer una nueva ley o algo que cambie por completo el sentido de un fallo judicial. Nos extraña que María Cristina Torres siendo abogada salga con esas declaraciones, a pesar que el desacato implica cárcel”, añadió.
“A los dos días de publicado en el Diario Oficial de la Federación, salen con declaraciones cuyo objetivo la provocación, desatar la violencia en un destino que precisamente por ello hay una advertencia a los turistas estadounidenses”, abundó.
El socio de Uber sostuvo que esos funcionarios tienen intereses particulares con los sindicatos de taxistas, y es por ello que salen arengar a la violencia.
“Mientras sigan diciendo que Uber es ilegal están partiendo de una mentira. Es un delito y con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo es motivo suficiente para iniciar un juicio político contra esas personas”, insistió.