“Para aprender, tienes toda la vida, pero salud solo hay una”, afirma Aroa Miranda, madre de dos niños de 8 y 3 años que no irán a la escuela esta semana en Castellón de la Plana (este).
“Con la vuelta al cole, aquí en España, lo están haciendo como un experimento del qué pasara, tipo conejillos de indias”, dice con indignación esta desempleada de 37 años.
“Para mi hijo de 8 años, intentaré inventar excusas de que está enfermo”, explicá Aroa, quien no inscribió a su hijo de 3 años. En España, la escolaridad es obligatoria de 6 a 16 años.
Para ella, la mascarilla obligatoria en las escuelas desde los 6 años y las medidas de distanciamiento no son suficientes.
“Si yo en mi casa no puedo reunirme con más de 10 personas, no entiendo por qué mi hijo en su clase tiene que estar con 25 niños”, dice.
No hay “riesgo cero”
Desde hace varias semanas, se multiplican las manifestaciones y los llamados de padres exigiendo más garantías sanitarias en las escuelas.
Un sondeo internacional del instituto Ipsos publicado a fines de julio mostró que los españoles van a contracorriente de sus vecinos europeos.
En España, la mayoría de los encuestados se mostró a favor de disminuir el número de clases presenciales y un cuarto de ellos prefería esperar “entre 4 y 6 meses” para que los niños volvieran al colegio.
“No existe el riesgo cero de contagios, pero se ha hecho un enorme trabajo para que la vuelta al cole sea segura”, dijo este lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en entrevista en el canal público TVE.
Los niños no pueden vivir en una “burbuja”, señaló el epidemiólogo en jefe del Ministerio de Salud, Fernando Simón, acotando que los contagios se pueden “dar en el parque, cuando los niños van a ver a sus primos o por el padre, que se contagia en el trabajo”.
En un país donde un cuarto de la población vive con un mayor de 65 años, según un sondeo de 2018, numerosos padres temen exponer a personas de riesgo.
“Quiero respetar la ley, pero entre salvar la vida de mis padres o de mis abuelos, y que mis hijos vayan al colegio, no hay duda”, señala a la AFP Pablo Sánchez en el salón de su casa en Madrid, rodeado de sus cinco hijos a los que prefiere no enviar a la escuela.
“Que me multen”
Aroa Miranda teme las consecuencias económicas de un eventual contagio de sus hijos. “Si nos tenemos que confinar en casa 15 días, porque nos aíslan por culpa del colegio, mi marido no cobrará nada”, explica.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, evocó el viernes la posibilidad de indemnizar también a los padres en cuarentena cuyos niños den negativo en los test por covid.
La posibilidad de sanciones es real. El responsable de educación de la región de Madrid advirtió en agosto de penas de “entre uno y tres años de cárcel”.
“Preguntan por las repercusiones jurídicas, (…) es lo que sobre todo preocupa a la gente”, indica Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos. “No podemos dar una respuesta ahora”, admite Caballero, en medio de la inseguridad jurídica.
La ministra de Educación, Isabel Celáa, quien encargó un informe al respecto, no descarta sanciones.
“La educación es un derecho del alumno, no de los padres” y “es una obligación de los poderes públicos que ese derecho se satisfaga”, advirtió en una entrevista con el diario El País.
“Si quieren venir a mi casa a multarme, que me multen, para mí lo mas importante son mis hijos”, concluye Aroa Miranda.
