La administración de Andrés Manuel López Obrador desapareció el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que daba alimentos y clases extraescolares en horario ampliado a 3.6 millones de alumnos, para invertir ese presupuesto en su nuevo programa de infraestructura La Escuela es Nuestra, pese a las irregularidades detectadas en su segundo año de operación, como la falta de certeza sobre el destino de uno de cada dos pesos que recibió.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no existen pruebas de que 573 millones de pesos de La Escuela es Nuestra hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el objetivo del programa. Esto significa la mitad de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020.
En cambio, Escuelas de Tiempo Completo —iniciado en 2006 y que había crecido de manera paulatina en los siguientes 12 años, enfocado sobre todo en las zonas más marginadas del país— consiguió mejorar el rendimiento escolar, según la última revisión del Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (Coneval), llevada a cabo en 2018.
Sin embargo, desde el inicio de la administración de López Obrador, este programa tuvo un primer recorte de 50% y en 2021 ya no se le asignaron recursos. La SEP argumentó que no desaparecería, pues a través de La Escuela es Nuestra los padres de familia podían seguir contratando servicios de alimentación, pagar a los maestros que dieran clases en el horario ampliado o mejorar la infraestructura de los planteles. Pero a partir de 2022, las reglas de operación advierten que el único objetivo de este programa es la mejora de infraestructura, por lo que no habría posibilidad de tener los servicios de Escuelas de Tiempo Completo.
En La Escuela es Nuestra, programa creado en este sexenio, la SEP entrega dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros, y ellos deben contratar a quienes hagan las obras para así evitar “intermediarios”, según el presidente López Obrador.
La decisión de desaparecer Escuelas de Tiempo Completo, con jornada ampliada que además ayudaba a las madres trabajadoras en las tareas de cuidado y a los propios niños en recibir alimentación, se debió —según dijo la secretaria de Educación, Delfina Gómez— a que el presupuesto sería reorientado a la infraestructura escolar a través de La Escuela es Nuestra.
Sin embargo, el programa tiene más irregularidades que beneficios.
En los expedientes de mil 686 planteles beneficiarios en 2020, “no se cuenta con evidencia que demuestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se pudo comprobar que estos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa”, advierte la Auditoría en el Informe de Cuenta Pública entregado en febrero.
La raíz de esta irregularidad es la “falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados”, de acuerdo con la Auditoría.
Entre los casos revisados, por ejemplo, en una escuela de Puebla, la presidenta del Comité Escolar reportó que la tesorera le dijo que “tomó 82 mil pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha de la visita de verificación los hubiese devuelto”. En Tlaxcala, la tesorera informó que en noviembre de 2020 sufrió el robo de 64 mil pesos y denunció los hechos ante la Procuraduría General del Estado, por lo que proporcionó copia de la carpeta de investigación.
De otros 23 millones 643 mil pesos, solo existen “comprobantes simplificados, notas simples de venta o de remisión, y listas de raya, sin que, en la mayoría de los casos, se tratara de planteles en los que, por su ubicación geográfica, se tuviera la necesidad de realizar adquisiciones de bienes y contratación de servicios en comercios, negocios o con personas que no cumplan con los elementos de comprobación fiscal, tal como lo establecen los lineamientos de operación del programa vigentes en 2020”, señala la Auditoría.
Otros 9 millones 450 mil pesos se entregaron a 40 beneficiarios del programa, aunque las tarjetas nunca fueron activadas. El dinero no regresó a las arcas públicas ni se destinó a la mejora de infraestructura.
En 49 escuelas, los consejos escolares decidieron hacer obras mayores en los planteles, por lo que contrataron a “profesionales” para que se hicieran cargo de la supervisión de estas a través de una “carta responsiva”. Sin embargo, en realidad no contaban con los conocimientos y la experiencia requeridos.
Esto cobra relevancia, advirtió la Auditoría, porque en Tlaxcala, por ejemplo, la directora y algunos padres de familia de una escuela solicitaron al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa un dictamen técnico de una obra mayor que se llevó a cabo con los recursos del programa, pero este indicó que “la obra se realizó sin su autorización y sin contar con un estudio de mecánica de suelo, ni con constancias de factibilidad de protección civil, y determinó que la obra era inestable y existía riesgo de caída, por lo que sugería su reestructuración”.
Escuelas de Tiempo Completo funcionaba
En la revisión al programa realizada por el Coneval en 2018, a 12 años de su creación, se analizaron los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba PLANEA respecto de aprendizaje de matemáticas y lengua, y se concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.
Los alumnos de sexto grado de Escuelas de Tiempo Completo “registran una disminución promedio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos correspondientes al nivel I de desempeño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación.
Los mayores beneficios se observan entre las poblaciones más vulnerables, pues, de acuerdo con el análisis, el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”.
Esto, porque el propio diseño del programa “presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación como el medio para incrementar su nivel de logro educativo”.
También, en las escuelas primarias participantes se identificó una disminución significativa en las tasas de repetición y rezago educativo, respectivamente, en el periodo 2007-2017.
Las tasas de abandono presentan un aumento para las escuelas que no cuentan con servicio de alimentación en 2.2 puntos porcentuales, en contraste con la disminución de 1.16 puntos porcentuales en las escuelas que sí cuentan con este servicio. “Esto sugiere que el servicio de alimentación contribuye a disminuir el abandono a nivel secundaria”, dice la revisión.
De hecho, en 2017, la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP también evaluó el programa y concluyó que “tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los alumnos. La percepción de los directores y los padres de los beneficiados también apoya esta indicación”.