El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito
El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte responsable.
Al respecto, la PGR informó que, por ser una averiguación en curso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene la información reservada por ley.
Según la denuncia, —cuya copia está en poder de EL UNIVERSAL— estas dos empresas son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández, pero por los indicios detectados por la UIF son testaferros para empresas fantasma que esconden a los verdaderos dueños de los más de 400 millones de pesos que fluyeron en sus arcas.
Las dos compañías son consideradas de reciente creación, —en los años 2012 y 2013— y con un manejo de recursos que no corresponde con la realidad, a juicio de la UIF, porque no probaron contar con personal. En un año, una de ellas, incluso, pagó salarios correspondientes a prácticamente la totalidad de los ingresos obtenidos, lo que la UIF calificó como incongruente.
Del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacan siete personajes: Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, donde la ex candidata presidencial, y ahora aspirante al gobierno del Estado de México, es accionista. También figuran María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata al gobierno mexiquense, así como su padre, Arnulfo Vázquez Cano.
En suma, todos ellos recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedentes de Smart y sólo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a María del Carmen.
Aunque detalla los montos individuales que presuntamente recibieron los familiares de Vázquez Mota, en el caso de Luis Antonio, la UIF remarca: “Es importante mencionar que se tiene conocimiento que Luis Antonio Vázquez Mota presentó un cambio en su comportamiento de actividad promedio previa, además de que las operaciones que realiza se llevan a cabo con recursos de origen desconocido”.
El documento cita todos los casos de las transferencias y lo extraño de que quienes recibían los recursos de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, ya que no tenían vinculación. Por ejemplo, menciona a Mauricio “N”, directivo de una compañía denominada Unimedios “pero no presentan actividades económicas similares”.
En otro caso, ejemplifica cómo una persona quien es dueña de una tintorería recibió un depósito por 9 millones de pesos, por lo que “no presentan una actividad acorde”.
En la denuncia, la UIF advirtió a la PGR que como medida precautoria para Roldán Urdapilleta y las dos empresas, éstas fueran incorporadas a la lista de personas bloqueadas y los recursos contenidos en las cuentas bancarias fueran inmovilizados.
Bajo la lupa
Los expertos de la UIF detectaron que ambas empresas no estaban al corriente en el pago de sus impuestos. Además, hallaron que tampoco había coincidencia entre sus ingresos y sus egresos, por lo que pusieron la lupa en ellas y detectaron domicilios fachada.
“Aparentemente integran un conglomerado de entidades que desarrollan un esquema de operación basado, muy probablemente, en la simulación de operaciones de comercio que no se llevan a cabo en la realidad pues, de acuerdo con el análisis efectuado, estas entidades no cuentan con los requerimientos mínimos indispensables para prestar los servicios o producir”, advierte.
Por ejemplo, Smart Bussines Consulting Sima SA de CV se constituyó el 12 de febrero de 2013 y en cuatro meses realizó depósitos por 159 millones 664 mil tres pesos y retiró 160 millones 916 mil 854 pesos. Tiene su domicilio en calle Colón 1128, Oaxaca, Oaxaca, sitio que EL UNIVERSAL comprobó no existe en la numeración de la calle.
Bolshoye , por su parte, se constituyó el 9 de octubre de 2012 y entre noviembre de 2013 y enero de 2014 captó 417 millones 738 mil 381 pesos y retiró 422 millones 688 mil 211 pesos. Su domicilio está en Baja California número 177 colonia Roma Sur, Ciudad de México.
“En ambos casos se trata de inmuebles en los que no se aprecia señalización ni infraestructura que permita inferir el establecimiento de sociedades mercantiles en esos lugares, y mucho menos, justificar el volumen de recursos que operan en sus instrumentos financieros; es evidente la falta de congruencia entre el espacio y las características físicas en el que deberían estar asentadas de acuerdo con el capital social que se refleja en las operaciones efectuadas”, describe la denuncia.
El representante legal de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV era, según el registro, José Manuel Nieva Sánchez, cuya credencial de elector —del entonces IFE— mostraba como domicilio Colón 1128, Oaxaca, Oaxaca, la misma dirección que la empresa Smart Bussines Consulting Sima SA de CV.
Ese mismo domicilio fue registrado por otras nueve personas morales, desde una constructora, una consultoría, una comercializadora, otra de venta de víveres y licores y una de piedras y minerales. Y el domicilio de Melchor Ocampo lo era de otros dos negocios.
Pagaban nóminas millonarias
La UIF también describió que Smart Bussines Consulting Sima SA de CV no presentó declaración anual en 2014, pero registró a 575 empleados e informó haber pagado sueldos y salarios por 278 millones 436 mil 391 pesos, lo cual “hace poco posible que una empresa se encuentre operando sin obtener ganancia alguna y realizando pagos de salarios correspondiente a prácticamente la totalidad de los ingresos obtenidos”.
Para la UIF “sin duda alguna nos inclinan a establecer de manera fundada que las personas jurídicas colectivas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV y Bolshoye son empresas fachada y establecen oficinas virtuales”.
Además, “no han dado cumplimiento a sus obligaciones fiscales, lo anterior a pesar de reflejar una captación importante de recursos en sus cuentas bancarias y estos, a su vez, de dispersarlos a un número importante de beneficiarios”.
Otros elementos denunciados son que “la cuenta de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV recibe 69% de recursos de Mareft Mexicana y 31% de Bolshoye. El 100% de recursos recibidos es enviado a cuentas de personas físicas. La mayor parte de las operaciones de retiro se realizan por internet el mismo día o en días consecutivos y apenas unos minutos después de que fue realizado el depósito de los activos, por lo cual no existe permanencia de los recursos en la cuenta”.
Y precisa: “Es muy probable que la relación que sostienen María José Tabata Roldán Urdapilleta y Isabel Teresa Arroyo Hernández es en términos de la figura de testaferros, mujeres que con el pleno conocimiento de la ilegalidad de su actuación y previo acuerdo con los sujetos que tienen dominio de los activos, acceden a constituir empresas y aparecer como apoderados aportando sólo sus identidades, con la dualidad de objetivos [que es] garantizar anonimato de los individuos que tienen el verdadero control de los activos y la posibilidad de constituir personas jurídicas colectivas para ser utilizadas y, de esta forma, ingresar recursos a la economía nacional que tienen una procedencia ilícita para ocultar su origen, propiedad y su destino final”.
Otro elemento de sospecha para la UIF es Roldán Urdapilleta, quien a la fecha de la constitución de la sociedad “según los registros, contaba con la edad de 23 años”. En tanto que la representante legal de Bolshoye es Isabel Teresa Arroyo Hernández, de 27 años y con domicilio en una colonia de escasos recursos en la delegación Azcapotzalco de la CDMX y que no concuerda con los recursos que maneja en la empresa en la que aparece como socia de 50% de las acciones.
Temor de más operaciones
Para la UIF, tanto Smart Business Consulting como Bolshoye son empresas “fachada, esto es, sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren, como una pantalla, actividades ilegales y que existen solamente en papel”.
Un último indicio, añade, es que ambas no han dado cabal cumplimiento a sus obligaciones de carácter fiscal; además, señala que Bolshoye en 2012 y 2013 declaró “no haber obtenido ingresos” sin reportar las retenciones, “no obstante la gran cantidad de recursos que opera”.
Los indicios sustentan la denuncia contra ambas empresas y María José Tábata Roldán; además, “se tiene el temor fundado de que las personas citadas continúen efectuando este tipo de operaciones y, con ello, sigan ingresando al sector financiero este tipo de recursos”.
Por lo anterior, “las personas sobre las cuales versa esta delación fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas (…), los recursos contenidos en las cuentas de las personas designadas en ésta se encuentran inmovilizados”.