CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril.- La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), conformada por especialistas de México, Estados Unidos y Canadá bajo el tratado comercial entre los países, el TMEC, ha pedido abrir un “expediente de hechos” sobre el proyecto en la península de Yucatán.
La solicitud surge debido al vacío de información por parte de las autoridades mexicanas sobre los riesgos e implicaciones ambientales del proyecto en cuestión. El reporte, elaborado por la propia CCA, tiene como objetivo informar a la población sobre los posibles riesgos y afectaciones ambientales.
La CCA ha informado al Gobierno de López Obrador de su recomendación de emitir tal expediente, ya que la información proporcionada por las autoridades mexicanas no esclarece dudas sobre el cumplimiento de la ley. La decisión final está en manos del Consejo de la CCA, y solo se requiere el voto a favor de dos miembros para que el informe sea emitido.
En su comunicado, la Comisión señala que “el reporte debe incluir los estudios de impacto ambiental que hacen falta, así como la autorización de cambio de uso de suelo y la implementación del mecanismo de denuncia ciudadana en relación con el proyecto”.
La recomendación surge después de que varios grupos ambientalistas presentaran una queja ante el mecanismo del TMEC, acusando que la construcción del proyecto tendrá un efecto ambiental adverso en la zona kárstica de la península de Yucatán, caracterizada por la presencia de fracturas, fallas y cenotes. Los activistas afirman que el proyecto dañará el ecosistema de la región, especialmente el sistema submarino Sac Actun-Dos Ojos, y hacen referencia a la falta de aplicación efectiva de la Constitución Mexicana y diversas leyes federales en materia de impacto ambiental y protección de la vida silvestre.
El Secretariado de la CCA aseguró que México envió información solicitada, argumentando que procesos judiciales o administrativos pendientes, entre ellos varios amparos, han puesto en riesgo la construcción del tramo.
El Gobierno también proporcionó información sobre el impacto ambiental y el proceso de autorización de uso de suelo forestal para el proyecto.
Sin embargo, la CCA concluyó que los procedimientos pendientes no impiden considerar si se ameritaba un expediente de hechos y determinó que este podría arrojar luz sobre interrogantes centrales que permanecen abiertas con respecto a la aplicación de las leyes pertinentes citadas en la petición.- Información tomada de El País.
