Un amplio grupo de organizaciones civiles y especialistas en temas de migración solicitaron al gobierno mexicano un plan específico en términos de refugio a extranjeros y apoyo a los mexicanos afectados por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hasta ahora es mínimo el nivel de refugio otorgado por México y, en el caso de grupos vulnerables, este apoyo es de 0.5 por ciento respecto al flujo de extranjeros en situación administrativa irregular.
El documento en el que se propone lo anterior está firmado por más de cien instancias vinculadas al tema migratorio, tanto en investigación, asesoría legal, albergues, academia y grupos civiles de diversa índole, algunas de las cuales gestoras o protagonistas de las principales políticas publicas en la materia.
El pasado 25 de enero Trump firmó dos órdenes ejecutivas con instrucciones para la construcción de un muro entre Estados Unidos y México.
Además, asignar más agentes migratorios a la frontera, construir nuevos centros de detención y exigir la cooperación entre autoridades estatales con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la aplicación de leyes migratorias para la eventual deportación de personas indocumentadas que han cometido ciertos delitos.
Posteriormente, el 27 del mismo mes firmó otra orden colocando una restricción de 90 días a la entrada a ese país de personas provenientes de siete países (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen) así como la veda inmediata del programa de refugiados por 120 días.
Estas acciones, advierten los especialistas, han traído consigo no sólo miedo y confusión, sino también protestas de parte de la sociedad estadunidense en apoyo a las personas migrantes, refugiadas, mujeres, comunidad LGBTTTI, y minorías religiosas, quienes se han convertido en foco de discriminación y xenofobia por parte de su gobierno.
Desde México apunta el colectivo, ha sido muy clara la necesidad de fortalecer la protección consular para la población de 11.5 millones de personas mexicanas que viven en el vecino país del norte, “por lo que será imperativo trabajar con las organizaciones de la sociedad civil estadunidense y nacionales, así como los gobiernos locales aliados. “Sin embargo, no ha fijado una postura frente a dichas órdenes ejecutivas que a todas luces tendrán un impacto en México”.
La protección que México debe otorgar tiene que ir más allá de su población en el exterior, indicó el colectivo.
“Su estrategia debe incluir la protección de la población migrante y solicitante de asilo y/o protección internacional en el país, y las y los mexicanos de retorno, incluidos las hijas e hijos nacidos en Estados Unidos de madre y/o padre mexicano. Máxime cuando existe una ruta a seguir a través de las recomendaciones emitidas por los sistemas interamericano y universal de derechos humanos”, dijo.
México tiene que asegurarles acceso a vivienda, trabajo, salud física y mental, educación, justicia, y documentos de identidad.
Para lograrlo es fundamental realizar cambios administrativos y legislativos que faciliten la inscripción de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria, la revalidación de estudios, y la certificación de habilidades vocacionales, así como garantizar la no discriminación en el acceso a servicios con base en la nacionalidad o situación migratoria de las personas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, entre 2015 y 2016 México detuvo a casi 400 mil personas migrantes provenientes del triángulo norte de Centroamérica, muchas de las cuales pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, tales como niñas, niños y adolescentes, solicitantes de asilo, víctimas de delito y personas con salud precaria.
De ellas, apenas 0.5 por ciento tuvo la posibilidad de contar con protección internacional en el país y no ser deportada a sus naciones de origen, aseguró.
“Es por ello que México tiene que seguir fortaleciendo las condiciones necesarias para promover alternativas a la detención, contar con un programa de asilo y protección complementaria que respete el derecho a la libertad personal, garantice la identificación y reconocimiento de personas refugiadas e inversión en la infraestructura y capacidad de la Comisión para la Ayuda a los Refugiados (COMAR) y la sociedad civil que realiza el apoyo humanitario”.
México -agregó- tiene que incluirse en el debate internacional contra la discriminación hacia la población migrante y refugiada, con acciones concretas y presupuesto asignado para las poblaciones que nos conciernen en la región.
Además de favorecer una solida articulación con los gobiernos de la región encaminadas a la implementación de políticas y programas regionales, que en paralelo aborden los temas estructurales que originan la migración, pero también aquellos que en la coyuntura toman prioridad.