El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Guillermo Haro Bélchez, dijo hace unos días que trabaja junto con el Congreso de la Unión en una “ley propia” que contempla nuevas atribuciones y facultades para la dependencia.
Entre otras cosas, se pretende que la PROFEPA pueda convertirse en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y “desde luego que pueda desarrollar de manera más completa las facultades que hoy tiene”.
Obviamente, tendría que ir de la mano de un mayor presupuesto y de mejores prestaciones para el grueso de los inspectores, esos mismos que actúan muy rápido y con ostentación de fuerza como en Holbox y se vuelven sordos y ciegos ante la acción depredadora de poderosos desarrolladores inmobiliarios.
Según se titular, la PROFEPA está en medio de una reingeniería que le permita contar con una estructura “más funcional, esbelta y con mayores fortalezas en las Delegaciones y en las entidades federativas”.
Según Haro Bélchez, el objetivo es que la Profepa cuente con un único ordenamiento jurídico “que termine con la desigualdad en la aplicación de penas en delitos iguales”, en lugar de los códigos Ambiental y Procedimental Ambiental actuales.
Pero la desigualdad en la aplicación de penas en delitos iguales va más allá de códigos, pues como se vio en el caso de Holbox y la destrucción de mangle en la Riviera Maya y la zona hotelera de Cancún también está el criterio, el interés que suele influir en las acciones de los funcionarios de la Profepa. Allí está la historia de testigo.
La reingeniería de la Profepa no debe cambiar solamente en la forma, en definir si es un órgano de la Semarnat o descentralizado y, sobre todo, establecer para qué quiere más atribuciones y facultades. Para en verdad vigilar que haya un desarrollo equilibrado o para seguir persiguiendo ejidatarios, dueños de un filón de oro que ambicionan muchos a cambio de nada y /o proteger intereses de desarrolladores intocables en la Riviera Maya y la zona hotelera de Cancún.
¿Para qué lo quieren? ¿Para qué la reingeniería? ¿Para qué más recursos?
Luneta
Dos hechos ocurridos ayer en diferentes municipios son ejemplo de la nueva, histórica coordinación que hay entre los tres órdenes de gobierno.
Por un lado, el gobernador Roberto Borge Angulo y el alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres realizaron la tercera gira de trabajo en menos de un mes para entregar diversas obras y fueron testigos de la atención que reciben quienes acuden al programa “Reciclando Basura por Alimentos”, además de inaugurar un domo deportivo más, ahora en la región 227, que forma parte de un paquete de cinco estructuras de ese tipo en la ciudad.
El programa “Reciclando Basura por Alimentos” lleva dos años en Cancún, pero a partir de octubre es cuando el gobierno municipal se sumó al apoyo de esa exitosa estrategia, con la que se fomenta el cuidado del medio ambiente mediante la reutilización de residuos sólidos y la entrega de apoyo alimentario.
Por otro lado, en Solidaridad volvió a activarse el mando único policial para retomar el control de la cárcel municipal de Playa del Carmen, donde se registró una riña por el cambio de área de un reo que se dedicaba a extorsionar a sus compañeros.
Rodolfo del Angel Campos, director de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad, asumió el mando único y junto con el secretario general de la Comuna, Juan Carlos Pereyra, cumplieron la instrucción del alcalde Mauricio Góngora Escalante y de Borge Angulo de reinstaurar el orden en esas instalaciones carcelarias.
Dos ejemplos de una coordinación intergobiernos que ojalá no vuelvan a perderse.
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