La integridad y transparencia en los procesos electorales son piedras angulares para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la democracia.
Lamentablemente, recientes acontecimientos en el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) han planteado serias dudas sobre la idoneidad de algunos de sus consejeros electorales, en particular, Adrian Amilcar Sauri Manzanilla.
El pasado 30 de junio se dio a conocer en el consejo general del IEQROO la presunta destrucción ilegal de las listas nominales del proceso electoral local del año pasado.
En las investigaciones ha salido a relucir el nombre del consejero Adrian Amilcar Sauri Manzanilla, quien a pesar de sus antecedentes, de las denuncias de los partidos políticos y de las consejeras Pamela San Martín Ríos y Dania Ravel Cuevas, el INE lo nombró consejero electoral en 2018.
Como titular de Informática del IEQROO, este personaje fue acusado de copiar las listas nominales utilizadas en las elecciones locales de 2016, para comercializarlo. Sin embargo, no hubo ninguna sanción ejemplar en su contra a pesar de haber sido denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Órgano de Control Interno.
Su nombramiento fue un mensaje negativo, pues con ello no se garantizó a la ciudadanía quintanarroense la certeza, la imparcialidad y la confianza que deberían prevalecer en el organismo electoral, pues estaba claro que los datos personales de miles de quintanarroenses corren peligro en sus manos.
Y otra vez quedó demostrado que la impunidad es la madre de todos los problemas de México, pues con la experiencia de que no enfrentó sanción alguna en 2016, Sauri volvió a hacer de las suyas con la lista nominal utilizada en las elecciones del año pasado.
Resulta que en febrero del presente año, la secretaria ejecutiva Carolina Anguiano ordenó la destrucción de la lista nominal, en una acción indebida e ilegal, pues carece de facultades para decidir unilateralmente una acción y, además, lo legal y correcto era devolver ese listado al INE.
En la presunta destrucción participó Adrian Sauri, quien es integrante de la comisión de Informática y Estadística, que preside la consejera Claudia Avila Graham, y hasta hoy ninguno de ellos ha negado su participación.
Debido a ello, Claudia Avila Graham y Adrian Amilcar Sauri Manzanilla, presidenta e integrante de la Comisión responsable de la supervisión de los trabajos referentes a la documentación electoral, son susceptibles de que se les inicie un proceso de remoción.
Las inconsistencias
En las investigaciones que siguen su curso, se han detectado inconsistencias, como éstas:
• La secretaria ejecutiva dice que bajo la supervisión de la presidenta Comisión de Informática y Estadística, supuestamente, destruye la lista nominal.
• El acta de la destrucción de la lista nominal contiene datos falsos e imprecisos.
• La consejera Ávila hace público el tema en la sesión de consejo, en la cual dos consejerías electorales se apartan de lo sucedido al manifestar haber sido invitados a la apertura de la bodega, pero niegan su presencia en la destrucción de la lista y afirman desconocer el tema.
Debido a ello, es fundamental que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE e incluso la propia FEPADE, revisen a fondo las implicaciones y eviten respaldar nuevamente a los servidores electorales involucrados.
La ciudadanía de Quintana Roo merece contar con instituciones sólidas y transparentes que salvaguarden sus derechos democráticos.
La remoción y revisión de los servidores electorales involucrados en irregularidades es una medida necesaria para preservar la integridad del proceso electoral. Es fundamental que los principios rectores de la democracia sean respetados y que se fomente una cultura de responsabilidad y transparencia en todos los niveles de la función electoral.
No puede permitirse que actos cuestionables de personas reincidentes socaven la credibilidad de los procesos electorales. Urge un enfoque firme y diligente por parte de las autoridades correspondientes para garantizar que aquellos que desempeñan un papel clave en el sistema electoral sean verdaderos guardianes de la imparcialidad y la integridad y no aprovechen documentos clave, como el listado nominal, para hacer un negocio particular.
Solo así podremos avanzar hacia un futuro electoral justo y confiable en Quintana Roo.
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