Una mujer desplegó una manta en la conferencia ofrecida por Al Hussein.
Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, solicitó al gobierno mexicano “revertir su decisión de no permitir” que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que apoyan en la investigación técnica en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, se entrevisten con miembros del Batallón 27 del Ejército, “quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques tuvieron lugar.”
Ayer, en conferencia de prensa tras concluir su visita de trabajo en México, el Alto Comisionado dijo que además le sugirió al gobierno federal “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”.
Agregó que la mañana del miércoles se reunió con los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el de Marina, Francisco Vidal Soberón, quienes le manifestaron, aseguró, que estaban completamente de acuerdo en el retorno de las fuerzas armadas a los cuarteles.
El estar en las calles, dijo, “no es algo con lo que los militares se sientan cómodos. La fuerza militar está configurada para enfrentar amenazas externas. A ningún ejército, en mi experiencia, le gusta hacer trabajo de policía y tampoco lo quiere hacer durante mucho tiempo. Entre más pronto se logre que las policías y las procuradurías brinden el tipo de seguridad será más pronto el retorno a los cuarteles”.
El funcionario comentó que la “nación necesita y quiere un gobierno que reforme radicalmente la política, haga funcionar la justicia, aplaste el índice de criminalidad y encarcele a los delincuentes, que regrese el Ejército a los cuarteles, proteja a las personas marginadas y trabaje duro para reducir la violencia contra las mujeres”.
Calificó el caso Tlatlaya como “uno de los primeros en ser revisados” bajo el nuevo sistema de dictaminar los crímenes de militares bajo jurisdicción civil.
Advirtió que “si la policía no funciona adecuadamente; entonces, el sistema de justicia en su conjunto corre el riesgo de ser disfuncional”, y demandó que las empresas impulsoras de megaproyectos consulten a los pueblos indígenas y no violen sus derechos humanos.
Respecto a las reacciones y críticas sobre los informes de organismos internacionales acerca de la situación de los derechos humanos en México, el funcionario de la ONU consideró que fueron desafortunadas y añadió: “Mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se contrapone al papel constructivo de México en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, es el siguiente: en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje.
“Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado, cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio”.
Señalar problemas estructurales, insistió, “así como intervenir en casos específicos, es una parte importante de la asistencia que ofrecemos a muchos países”.
Durante la conferencia dio a conocer una lista de recomendaciones para el gobierno mexicano.
“Se deben fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo”.
Así como “fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública, en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza”.
También, pidió implantar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
Tras reconocer que las violaciones a derechos humanos persisten y son “temas de preocupación”, el Alto Comisionado afirmó que “no soy yo, ni mi oficina ni la ONU ni los representantes del Estado quienes podamos declarar que lo que se hace o se ha hecho sea suficiente. Solo la gente puede hacer esto, especialmente aquellas personas en mayor desventaja, las víctimas del delito o sus familias son quienes tienen la credibilidad para emitir este juicio.”
De la impunidad que se vive en el país, señaló que “no podemos tener una nación tan importante, como México, que tenga un porcentaje de 98 por ciento de delitos que no han sido resueltos, simplemente esto no puede ser el caso”.
Reconoció que parte de la violencia en algunas entidades “puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente”.
Recordó lo que alguien le dijo hace unos días, cuando recién llego a México. “Este es un país en el que si eres víctima de un crimen a los últimos a los que llamas es a los policías”.
“El nuevo sistema penal tendrá que superar los problemas que enfrentan la policía y los forenses, así como la debilidad del sistema de investigación”, señaló.
Segob, de acuerdo en “redoblar esfuerzos”
El gobierno mexicano “reconoce que el país enfrenta retos importantes para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en todo el territorio nacional”, pero está determinado a enfrentar dichos desafíos.
Así respondió el gobierno de la República a lo expresado por Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación expresó que “son solamente las mexicanas y los mexicanos, los que podemos resolver los problemas que enfrentamos”, y coincidió con el Alto Comisionado en que todas las autoridades “debemos redoblar esfuerzos para proteger debidamente los derechos humanos.
Además, el gobierno mexicano respondió al Alto Comisionado que se están profundizando las investigaciones para esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, “así como otros casos que han lastimado profundamente a la sociedad. El gobierno de México comparte el dolor de las víctimas, y reitera su compromiso de alcanzar la verdad y llevar a todos los responsables ante la justicia”, señala la posición expresada por México.
Claves
Respalda al general
– El presidente del PAN, Ricardo Anaya, respaldó al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, al afirmar que “el Ejército mexicano solamente rinde cuentas ante instancias nacionales”.
– Se pronunció por reabrir el debate legislativo que dé certidumbre a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, en la iniciativa de ley pendiente desde la 61 Legislatura.
– “Es indispensable, necesario, urgente, retomar la discusión legislativa, para resolver con claridad las atribuciones en materia de seguridad pública del Ejército”, señaló.
