Hong Kong pospondrá un año las elecciones legislativas que estaban previstas para el próximo 6 de septiembre. La jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam, ha confirmado lo que se había convertido en un secreto a voces esta semana en el centro financiero internacional.
“Es la decisión más dura que he tomado en los últimos siete meses”, ha asegurado en una rueda de prensa. La razón oficial: la pandemia de covid-19, que este julio ha visto el mayor aumento de casos diarios en la ciudad desde el comienzo de la crisis.
Pero, para los simpatizantes del movimiento democrático, se trata de una maniobra para evitar que, impulsada por el descontento popular contra la nueva ley de Seguridad Nacional, la oposición consiga la mayoría en el Parlamento local por primera vez en la historia y el Legislativo pueda convertirse así en un baluarte de resistencia a las políticas proPekín.
Protegida con mascarilla y ante una imagen de la bahía de Hong Kong en la sede del Ejecutivo autónomo, Lam ha asegurado que el aplazamiento es “necesario” para “proteger la salud pública, las vidas de la gente y garantizar la imparcialidad de los comicios”.
Según ha insistido, su decisión no tiene ningún tipo de motivación política. El retraso electoral hasta el 5 de septiembre de 2021, ha agregado, cuenta con el pleno respaldo del Gobierno central en Pekín.
En los últimos diez días Hong Kong ha superado el centenar de positivos diarios. Son las cifras más altas registradas en la ciudad de 7,4 millones de habitantes desde el comienzo de la pandemia pero también un número relativamente reducido con respecto a otras urbes occidentales de tamaño similar. En siete meses ha acumulado más de 3.000 casos.
El aplazamiento de los comicios, los primeros desde que se aprobó la ley de Seguridad Nacional, crea un vacío legal: las normas hongkonesas prevén que la legislatura solo dure cuatro años, que se cumplen el mes próximo. Corresponderá ahora a la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento chino, decidir cómo solucionarlo, apuntó Lam, que no obstante indicó que lo más lógico será prorrogar los mandatos de los diputados actuales.
Ello, en sí, crearía otro interrogante, dado que al menos tres de ellos habían sido descalificados para esta cita electoral.
No por esperado el anuncio ha sido acogido con menos furia entre la oposición. 22 diputados han insistido, en una declaración conjunta, en que las elecciones legislativas son un pilar del sistema constitucional del enclave. “De acuerdo con los reglamentos del Parlamento, los comicios solo se pueden aplazar 14 días”, recuerdan, “retrasarlos [más] implica provocar una crisis constitucional”.
Los diputados también consideran “urgente” que, después de un año de protestas prodemocracia, el Consejo Legislativo -el Parlamento hongkonés- “se someta a un bautismo de opinión pública, que es la base de la gobernanza de la ciudad… El Gobierno y toda la sociedad deben hacer cuanto esté en su mano para asegurarse de que las elecciones se celebran como estaba previsto”.
El anuncio completa una semana en la que casi cada día han llegado malas noticias y medidas contra el activismo prodemocracia en Hong Kong. El martes, el consejo de dirección de la Universidad de Hong Kong, nombrado por el Gobierno, había aprobado el despido del profesor de Derecho Benny Tai, uno de los fundadores en 2014 del movimiento Occupy —que desencadenaría la movilización estudiantil conocida como movimiento de los paraguas, predecesora de las protestas masivas del año pasado—. Tai había cumplido una condena de meses de prisión por cargos relacionados con aquellas sentadas. El miércoles por la noche, la nueva unidad de Seguridad Nacional de la Policía detenía a cuatro activistas estudiantiles, acusados de crear un grupo separatista en redes sociales.
Pero sobre todo, basándose en la nueva ley de Seguridad Nacional, este jueves la Comisión Electoral descalificó a 12 candidatos de la oposición para las legislativas, entre ellos el antiguo líder estudiantil Joshua Wong y tres diputados en activo, del moderado Partido Cívico. Sus pecados, según los funcionarios: tener inclinaciones subversivas, criticar la ley de Seguridad Nacional y tratar de conseguir una mayoría en el Parlamento que bloqueara cualquier iniciativa de gobierno. Tras el aplazamiento de la convocatoria, corresponderá a la secretaria de Justicia, Teresa Cheng, decidir en el futuro si los candidatos descalificados pueden presentarse en la cita del año próximo.
La oposición aspiraba a repetir en septiembre el éxito de las municipales de noviembre pasado, cuando se impuso en todos los distritos menos uno. Hacerse con la mayoría en el Parlamento, no obstante, representaba un reto mucho mayor. Los municipales son los únicos comicios en Hong Kong donde se aplica el sufragio universal puro. En las legislativas, solo la mitad de los 70 escaños se decide por voto directo; el resto viene seleccionado por agrupaciones gremiales y empresariales, que suelen inclinarse muy mayoritariamente por candidatos prochinos.
“Este es el periodo de fraude electoral más escandaloso de la historia de Hong Kong”, ha denunciado Joshua Wong en una rueda de prensa sobre su descalificación, horas antes del anuncio de Lam. El joven activista, de 23 años y cuya candidatura ya había sido invalidada en las elecciones municipales del pasado noviembre, ha asegurado que el movimiento prodemocracia continuará adelante pese a las presiones. “Impedir que me presente como candidato no va a parar la causa en favor de la democracia”, ha sostenido.
En un mensaje similar publicado en redes sociales, otra de las candidatas vetadas, la concejal Tiffany Yuen, ha escrito: “Soy una persona individual, pero al mismo tiempo no soy una persona sola… puedes descalificar a más gente mañana, pero es imposible descalificar a todo el movimiento”.
La Casa Blanca condenó este viernes la decisión de las autoridades de Hong Kong. Según la secretaria de prensa del presidente Donald Trump, Kayleigh McEnany, el aplazamiento “socava los procesos democráticos y las libertades” de la antigua colonia británica, informó la agencia France Presse.
La posibilidad de un largo aplazamiento electoral, que restara impulso al movimiento prodemocracia, había cobrado fuerza a lo largo de esta semana. El martes, un comunicado conjunto de Estados Unidos y Australia ya expresaba su apoyo a “unas elecciones libres e imparciales, creíbles y pacíficas, el 6 de septiembre”. El Reino Unido también había manifestado su preocupación.
Desde su entrada en vigor hace un mes, la draconiana ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín ha dejado notar su efecto en la vida pública hongkonesa a una velocidad mayor de lo que incluso sus críticos habían anticipado. Ya horas antes de que comenzara a aplicarse, dos agrupaciones políticas —Demosisto, fundada por Wong, y Studentlocalism, en la que militaban los cuatro jóvenes detenidos— habían anunciado su disolución. Muchos simpatizantes de las protestas del año pasado han borrado sus cuentas en redes sociales, carteles y banderas de apoyo público a esa movilización han desaparecido de los comercios que antes los lucían con orgullo, y han aumentado las consultas sobre emigración. Grandes empresas tecnológicas han anunciado que, de momento al menos, suspenden su colaboración para suministrar datos a las autoridades de Hong Kong, y otras, como Uber, han anunciado la suspensión de sus planes para trasladar su sede del sudeste asiático de Singapur al territorio autónomo.
Seguridad Nacional
La medida prevé cuatro tipos de delitos: separatismo, terrorismo, subversión y confabulación con fuerzas externas, todos ellos descritos en términos muy amplios y sujetos a la interpretación definitiva de Pekín. Ser declarado culpable de alguno de ellos conlleva un mínimo de tres años de cárcel y un máximo de cadena perpetua. La ley también crea una nueva unidad de policía de Seguridad Nacional, que no estará sujeta a las leyes hongkonesas, y permite que los sospechosos puedan ser llevados a territorio de la China continental para ser procesados allí. Según informa Reuters, el fiscal general de Hong Kong, David Leung, ha presentado su dimisión por discrepancias con la secretaria de Justicia local, Teresa Cheng, después de haber sido excluido de los casos relacionados con la nueva legislación.
China y el Gobierno autónomo de Hong Kong aseguran que la nueva ley es necesaria para proteger el orden y la prosperidad del enclave, que consideran que quedó en peligro por las manifestaciones contra Pekín del año pasado. Sus defensores sostienen que se aplicará a un grupo muy reducido de personas y no debilitará el Estado de derecho ni las libertades existentes en el territorio. Por contra, sus críticos la perciben como una herramienta que pone fin en la práctica a la amplia autonomía de que debe disfrutar este centro financiero internacional según el acuerdo entre Pekín y Londres de devolución de la soberanía de la antigua colonia británica a China en 1997.
La ley se tramitó a una velocidad insólita en la práctica legislativa china. Desde su anuncio hasta su entrada en vigor, pasando por su redacción, apenas transcurrieron seis semanas. Quedó promulgada un día antes del aniversario del traspaso de la soberanía, una fecha que gradualmente se había convertido en una ocasión de manifestaciones multitudinarias contra Pekín.
En un comunicado, la directora para China de Human Rights Watch, Sophie Richardson, ha declarado que “posponer las elecciones de septiembre durante un año es una medida cínica para cubrir una emergencia política, no sanitaria. Esto permite que la jefa del Gobierno hongkonés, Carrie Lam, niegue al pueblo de Hong Kong su derecho a elegir quién les gobierne. Sin hacer ningún intento de explorar métodos alternativos para votar, o de garantizar que se respeta el derecho al voto de todos, Lam y sus respaldos en Pekín simplemente enmascaran la represión bajo una apariencia de salud pública”.
