Fernando Aguileta
Playa del Carmen.- Por los presuntos delitos de falsificación de documentos oficiales y uso indebido de la función pública (administración fraudulenta) fueron denunciados ante el Ministerio Público del fuero común quienes fungieron como presidente Municipal, Tesorero, Oficial Mayor y Directora de Recursos Humanos de la pasada administración solidarense.
Las denuncias fueron presentadas ante la representación en Playa del Carmen de la Fiscalía General del Estado, por la edila y el síndico solidarenses, María Cristina Torres Gómez y Juan Carlos Beristain Navarrete, respectivamente, cerca del mediodía de hoy.
Torres Gómez, explicó que varias personas solicitaron préstamos del FONACOT con documentos oficiales del ayuntamiento haciéndose pasar como empleados de la comuna solidaridarense, sin serlos.
Explicó que promovió una denuncia por la probable comisión de los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y/o Encubrimiento en contra de quien fungió como Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Solidaridad debido a que en su carácter de servidora pública expidió constancias laborales a ocho supuestos trabajadores del Ayuntamiento, los cuales nunca fueron servidores municipales con la finalidad de que éstos tramitaran créditos fraudulentos ante el INFONACOT, por un monto de 400 mil pesos.
Respecto al uso indebido de la función pública (administración fraudulenta) se basa en descuentos realizados a los salarios de los trabajadores del ayuntamiento de Solidaridad por préstamos solicitados con empresas avalados por la comuna.
“Se les descontaba el porcentaje respectivo a sus salarios, pero el dinero no se canalizó a la institución, el monto es de poco más o menos 500 mil pesos”, comentó la edila solidarense.
La denuncia interpuesta en contra del Presidente Municipal, Tesorero y Oficial Mayor en la pasada administración se debe a que como servidores públicos y en el ejercicio de sus funciones, suscribieron un contrato con la empresa Prestaciones FINMART que hizo préstamos a los trabajadores del municipio, el Ayuntamiento les retuvo y les descontó de sus nóminas el importe quincenal a pagar por dichos créditos.
Sin embargo los recursos no se entregaron a la empresa ni a la Administración municipal entrante, ocasionando un daño patrimonial superior a los cinco millones 150 mil pesos.
Están actuando en la referente a la parte administrativa y de encontrar responsabilidad la autoridad competente, “procederemos a las demandas penales”, advirtió.
Adelantó que vendrán más denuncias, pero antes se tiene que resolver la parte administrativa. “Una vez hechas las declaraciones, si de las mismas vemos que no se deslindaron las responsabilidades o que estas no fueron aclaradas entonces ya presentaremos las denuncias penales”.
“Entiendo la impaciencia (de los ciudadanos) y agradezco mucho el que tengan confianza”, resaltó.
“Los temas judiciales son así, llevan tiempo por la integración de los expedientes que tienen que estar debidamente soportados”, explicó Torres Gómez.
Insistió en que nosotros recibimos la Administración con limitaciones y mucha información que no estaba y que hemos ido consiguiendo e integrando”, informó.
Reiteró además su agradecimiento a la gente por la confianza en la Administración que encabeza y al Cabildo de Solidaridad “quienes estamos siguiendo la normatividad legal para tener debidamente sustentadas estas denuncias”.
Sin embargo, el Ayuntamiento no pagó dichos importes a la señalada empresa, ni entregó tales recursos a la Administración municipal entrante, ocasionando un daño patrimonial superior a los cinco millones 150 mil pesos.
Las denuncias fueron recibidas por la Directora de Investigación y Acusación de la Fiscalía General de Justicia, Jade Linyu Caballero Lavadores, quedando a cargo de dicha institución la investigación de los hechos, la integración de las carpetas de investigación correspondientes y la consignación de las mismas ante el Juez de Control.
Torres Gómez, afirmó que tienen confianza en el actuar de la Fiscalía General del Estado.
En este sentido, la Presidenta Municipal indicó que los abogados del Ayuntamiento estarán coadyuvando con la autoridad ministerial en cada una de las etapas procesales.
“Somos los más interesados en que esto se esclarezca y que, en su caso, si hay algún daño patrimonial que ese se resarza, es lo que necesitamos los solidarenses, que si hay algún dinero ocupado o tomado que se regrese a las arcas, porque el municipio tiene muchas carencias derivadas de este tipo de temas. Este dinero se requiere para los servicios públicos”, señaló.