Playa del Carmen.- Al rechazar que tenga algún interés personal el denunciar las violaciones a la ley ambiental vigente que realiza el hotel Me by Melia y que hay duda razonable del actuar de los funcionarios de la PROFEPA, el presidente de la Asociación de Legisladores de Quintana Roo, Lenín Amaro Betancourt, denunció penalmente al centro de hospedaje ante la Procuraduría General de la República.
Ante la serie de comentarios vertidos por los empresarios de la cadena hotelera Meliá, de que tiene intereses personales, protagónicos, algún otro y de que miente, Amaro Betancourt, recordó que la clausura a los trabajos de construcción en el centro de hospedaje lo realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
“La cadena hotelera no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y al ubicarse cerca de un Área Natural Protegida (ANP) los trabajos que realizan dañan especies en peligro de extinción, eso fue lo reportado por los inspectores de la PROFEPA”, acotó.
De ahí que externara “debemos preguntarnos quién realmente está mintiendo, (si es) la empresa que ha sido sancionada con la clausura o (somos) nosotros que solo citamos los preceptos de ley y las propias declaraciones de la autoridad”.
En relación al actuar del personal de la delegación de la PROFEPA, toda vez que a pesar de los sellos de clausura continúan los trabajos en el centro de hospedaje, espetó que existen dudas razonables.
Sin embargo, confió en que la dependencia llegará al fondo con las investigaciones caiga quien caiga, incluso, ordenar la demolición de las obras “como lo declaró el procurador Federal de Protección al Ambiente, Miguel Guillermo Haro Bélchez”.
Respecto a la denuncia penal ante la PGR en contra del Meliá, comentó que deriva de las evidencias de vecinos y mediáticas en el sentido de allí se sigue construyendo pese a la clausura realizada por la PROFEPA el pasado 22 de noviembre.
“Nosotros presentamos los elementos que consideramos probatorios de las irregularidades cometidas (por la cadena hotelera)”, ponderó.
En ese sentido, Amaro Betancourt, aclaró que ahora toca a la PGR determinar si se están cometiendo actos ilegales o no.