Presentará Carlos Joaquín denuncias contra funcionarios de Roberto Borge

El gobierno de Carlos Joaquín González interpuso siete denuncias penales en contra de siete funcionarios clave en la administración de Roberto Borge Angulo y anunció que se preparan 14 más.

Durante una entrevista que dio a Carlos Loret la mañana de ese lunes, Joaquin Gonzalez precisó que entre los denunciados están Juan Pablo Guillermo Molina, Mauricio Rodríguez Marrufo y Fernando Escamilla Carrillo, que fueron pieza clave en el manejo de recursos en la administración anterior.

Guillermo Molina fue secretario de Finanzas y es suplente del diputado federal José Luis Toledo Medina.

Mauricio Rodríguez fue secretario de Desarrollo Urbano y actualmente es secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez.

Escamilla Carrillo fue secretario de Infraestructura y se desconoce su paradero.

Carlos Joaquín detalló en entrevista para Despierta con Loret que algunas de estas denuncias son por desvío de recursos, renta de maquinaria sin la documentación correspondientes y la venta de reserva territorial, mismas que ascienden a 2 mil 388 millones de pesos.

En el caso de la venta de terrenos acusó que ésta se hizo por debajo del precio comercial independientemente de que esas reservas no deben venderse.

Sobre el tema de desvío de fondos y endeudamiento en la entidad indicó que las investigaciones y auditorías van avanzando gracias a las que se detectó un desvío de mil 55 millones de pesos, mismos que fueron enviados a otra dependencia.

Al ser cuestionado sobre si una de estas denuncia van en contra del exgobernador Roberto Borge, a quien el PRI le suspendió sus derechos partidarios la semana pasada, dijo que hasta el momento no hay denuncias en su contra sin embargo aclaró que si las investigaciones así los dirigen, llegarán a Borge, así como actualmente los han llevado a siete funcionarios del priista.

Asimismo, adelantó que se esperan 14 denuncias adicionales conforme vayan terminando las investigaciones para contar con toda la información que permita actuar contra los responsables del desvío que afecta las finanzas de la entidad.

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