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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero.- Según un reportaje publicado en ProPublica por el periodista Tim Golden, testigos que se presentaron ante la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) aseguraron que prominentes traficantes de drogas habrían dirigido alrededor de 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Basándose en más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos gubernamentales de EE. UU., Golden, dos veces ganador del Premio Pulitzer y ex corresponsal en México del diario The New York Times, detalla cómo habría ocurrido este presunto financiamiento, según los testimonios de los informantes. Sin embargo, aclara que la investigación “no estableció si López Obrador sancionó o incluso sabía de las supuestas donaciones de los traficantes”.
La fuente inicial de la DEA fue Roberto López Nájera, un abogado que se presentó voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México en 2008. López Nájera, que afirmó haber trabajado para Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, un importante miembro del cártel de los Beltrán Leyva, habría revelado que el cártel tenía un informante en la embajada.
Según el reportaje, la DEA comenzó a prestar atención a las declaraciones de López Nájera en la primavera de 2010, cuando mencionó una reunión en enero de 2006 en Nuevo Vallarta. En esa reunión, Francisco León García, alias “Pancho” León, quien lanzaba su candidatura al Senado como representante de la alianza de izquierdas de López Obrador, habría organizado un encuentro con La Barbie y otros traficantes. Según López Nájera, durante la reunión se acordó financiar la campaña de López Obrador a cambio de favores en caso de victoria electoral.
La DEA obtuvo información que indicaba que los pagos, aproximadamente 2 millones de dólares en efectivo, se realizaron en tres entregas a Mauricio Soto Caballero, entonces operador de la campaña de López Obrador, y otros participantes en la campaña.
El artículo también revela que La Barbie planeó secuestrar al presidente del tribunal electoral después de la derrota de López Obrador, con el objetivo de revertir la decisión en favor de Felipe Calderón. Sin embargo, la operación se canceló cuando descubrieron la presencia del ejército.
A pesar de estas acusaciones, la investigación de la DEA se cerró a finales de 2011, y algunos funcionarios expresaron preocupación por los riesgos de una operación encubierta y el posible impacto en las relaciones bilaterales. El portavoz del presidente mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el reportaje. Nicolás Mollinedo, mencionado en la investigación, afirmó que sigue siendo leal al presidente y que sus esfuerzos comerciales han sido honestos, desestimando las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
