Cd. Victoria, Tamaulipas. — En medio de crecientes tensiones por el manejo del agua en la región fronteriza, productores agrícolas de Tamaulipas alzaron la voz tras denunciar una supuesta entrega anticipada e irregular de agua a los Estados Unidos, derivada de extracciones recientes desde la Presa La Amistad, ubicada en Coahuila.
Según Jorge Luis López, representante del Consejo Estatal Agropecuario, el recurso fue trasladado inicialmente a la Presa Falcón, en Tamaulipas, con el pretexto de apoyar al Distrito de Riego 025. Sin embargo, parte de ese volumen habría sido canalizado hacia Estados Unidos, presuntamente en violación al Tratado de Aguas de 1944.
“Sabíamos que moverían agua a Falcón para apoyar al Distrito 025, pero ahora nos informan que parte de esa agua irá a Estados Unidos. Es ilegal y anticipado. Esto viola claramente el tratado”, advirtió López.
El Tratado de 1944 establece que México debe entregar un mínimo de 2,158 millones de metros cúbicos de agua en ciclos de cinco años. No obstante, el último reporte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) revela que hasta el momento solo se han entregado 632 millones, generando un adeudo considerable.
Productores del norte de Tamaulipas sostienen que las entregas internacionales deben realizarse solo cuando se cumplan ciertos volúmenes y condiciones climáticas. La reciente transferencia, aseguran, no cumple con estos criterios, afectando el riego agrícola y comprometiendo la soberanía hídrica de la región.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno mexicano haya actuado bajo presión del expresidente estadounidense Donald Trump, quien en su momento amagó con imponer aranceles si no se cumplía con el compromiso hídrico. “Se dijo que las entregas serían conforme al tratado y sin afectar a los productores”, señaló la mandataria.
Sin embargo, los testimonios desde el campo contradicen la versión oficial. “O le están mintiendo a la Presidenta, o ella mantiene una narrativa que no corresponde a la realidad. En ambos casos, los que pagamos las consecuencias somos los productores”, declaró López.
A pocos meses de la fecha límite para cumplir con el tratado —el 24 de octubre—, el conflicto evidencia los complejos desafíos que enfrenta el país para equilibrar sus compromisos internacionales con la necesidad urgente de garantizar agua para el campo mexicano, todo en un contexto marcado por el cambio climático y la sobreexplotación de recursos hídricos.