Chetumal, 12 de julio.— Por considerar que hay elementos suficientes para fincar presunta responsabilidad a Roberto Borge Angulo, ahora por vínculos con el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas ante un juzgado federal y obtuvo una orden de comparecencia para que al ex gobernador de Quintana Roo se le procese también por delincuencia organizada por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la causa penal 541/2019, radicada en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, derivada de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-10F/749/2016, la FGR ya tiene la orden de presentación correspondiente para imputar el delito de delincuencia organizada al ex mandatario estatal, aunque requiere autorización del gobierno de Panamá, donde fue aprehendido, para poder ampliar los términos del convenio de extradición.
Con base en el mandato otorgado por el juzgado federal, la Embajada de México, mediante oficio fechado el pasado 20 de enero, informó al Ministerio de Relaciones Públicas de Panamá que la Fiscalía abrió un nuevo expediente contra el ex mandatario por delincuencia organizada.
“La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilìcita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos en Delincuencia Organizada, requirió dar trámite a la solicitud de consentimiento a la Regla de Especialidad del Tratado de Extradición, entre México y Panamá, para que el gobierno panameño autorice que a Borge Angulo se le pueda imputar la nueva causa penal”.
Conforme al Principio de Especialidad, Borge sólo puede ser juzgado por los cuatro delitos que se especificaron en la solicitud de extradición original, de tal modo que, para que se le pueda fincar presunta responsabilidad penal por un nuevo cargo, Panamá tendría que ampliar los términos de la solicitud de extradición, a efectos de que el enjuiciamiento por un hecho constitutivo de delito, distinto al de la petición original, pueda proceder.
Sin embargo, debe acotarse que, además de la autorización del gobierno panameño, es necesario que haya una orden de aprehensión otorgada por un juez y la FGR cuenta sólo con una orden de presentación.
Al respecto la FGR señala que la orden de presentación “es una de las distintas formas de conducir a una persona a una audiencia inicial, para que comparezca de manera voluntaria y, si hay resistencia o excepciones, se emite la orden de aprehensión.
En el caso de Borge, argumenta la FGR, ya está detenido y sujeto a prisión preventiva, conforme a la causa penal 381/2017, de Morelos, por lo que consideró que no es necesario pedir la orden de aprehensión.
De darse la autorización del gobierno de Panamá, se sumaría un quinto delito contra el ex gobernador de Quintana Roo. El primero, que motivó su detención en Panamá, fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita, causa 381/2017, al vender a prestanombres 22 predios a precios por debajo de su valor real, causando un quebranto de más de 900 millones de pesos a las arcas del estado.
El segundo delito, por aprovechamiento ilícito del poder, causa penal 151/2019, corresponde al tema de la línea Aérea VIPSaesa; el tercero, desempeño irregular de la función Pública, causa 154/2019, respecto a la exención de pago de derechos por la concesión de carritos de golf; el cuarto por peculado, causa 159/2018, referente a la enajenación de 18 inmuebles a un precio por debajo de su valor comercial y este último por delincuencia organizada que dio pie a la causa penal 541/2019.
El gobierno de México confía en que la respuesta de la justicia panameña, que aún se halla pendiente de resolución, sea favorable a su petición para continuar con el quinto proceso, que se desahogaría en el Juzgado de Distrito de Almoloya de Juárez, Estado de México.
