CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado el debate sobre la invalidez del denominado “Plan B” en materia electoral, mediante un proyecto liderado por el ministro Javier Laynez Potisek. Dicho proyecto plantea que durante la aprobación del Decreto, el Congreso de la Unión cometió numerosas violaciones graves al procedimiento legislativo, sumándose a las que se analizaron en el caso del primer Decreto.
En mayo, la Corte resolvió las impugnaciones contra el Decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora, se está analizando el Decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo de 2023.
El proyecto presentado propone declarar la invalidez de esta segunda parte del “Plan B” en materia electoral debido a las múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo cometidas por el Congreso de la Unión. Estas violaciones son consideradas suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, en línea con la doctrina jurisprudencial sostenida por la Corte en más de treinta casos, que establece los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido.
El proyecto destaca que todas las violaciones que se identificaron en la primera parte de este paquete de reformas también se presentan en este caso, debido a que ambos Decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.
Entre las violaciones adicionales graves al proceso legislativo, se resalta que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada durante las discusiones en la Cámara de Diputados, sin informar a los legisladores sobre dicha sustitución ni sobre las modificaciones realizadas. Además, se demuestra que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados en sesiones anteriores, lo cual está prohibido por el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal.
El proyecto concluye que todas estas violaciones en conjunto afectaron gravemente la capacidad de los legisladores federales para participar de manera activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación, y por lo tanto, son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.
Se destaca que el documento presentado tiene fines de divulgación, y la sentencia final emitida por la SCJN será la única versión oficial del caso en cuestión.