Chetumal, 27 de febrero.— El Congreso del Estado analizará una iniciativa que busca proteger la integridad y la libertad sexual de las personas, especialmente de los menores y de las mujeres, mediante la aplicación de penas más severas a los agresores sexuales, incluida la “castración química” para los violadores.
El Pleno de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo dio lectura a varias iniciativas de ley que fueron turnadas a las comisiones correspondientes para estudio y análisis. Una de ellas, presentada por la diputada Reyna Durán Ovando, coordinadora del grupo legislativo de Morena en la XVI Legislatura, propone modificar el Código Penal de Quintana Roo para que, adicional a las penas de prisión y multa que considera para la violación, se imponga la inhibición hormonal obligatoria del deseo sexual.
De acuerdo con un boletín, la medida, popularmente conocida como “castración química obligatoria”, consiste en un tratamiento médico mediante el cual se le suministra de manera regular, a un violador efectivamente procesado y condenado, medicamentos o sustancias químicas destinados a inhibir el deseo sexual.
Durán Ovando consideró que la pena del delito de violación, que en Quintana Roo va de 10 a 25 años de prisión, no es garantía para erradicar esa conducta y para dar seguridad y protección a las víctimas. Su iniciativa propone la implementación de un programa de tratamiento intramural y seguimiento pospenitenciario para los agresores sexuales, el cual tendría como fin identificar los factores de riesgo de reincidencia e implementar las acciones necesarias para reducirlos.
También se propone mantener un ejercicio permanente de verificación del riesgo que estos agresores puedan representar para su entorno una vez hayan cumplido la pena impuesta.
De igual forma, se propone llevar un registro de violadores, que tendría como objetivo la realización del control y seguimiento permanente de los sujetos condenados por la comisión de esos delitos.
El Pleno de la XVI Legislatura expresó, mediante un punto de acuerdo, su total rechazo a las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres, feminicidios, a la violencia feminicida y a la problemática de acceso a la justicia para las mujeres que se han suscitado en nuestro país.
El acuerdo, promovido por los legisladores del PVEM y avalado por el Pleno, exige las autoridades tanto de procuración como de impartición de justicia del país, cumplan con su trabajo para resolver de manera eficiente y pronta todos los feminicidios pendientes de resolución.
Por su parte, el diputado José Luis Guillén López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, propuso reformar la Constitución local y diversos artículos de la Ley de Movilidad y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo para garantizar que los vehículos de los ciudadanos se encuentren seguros en los estacionamientos públicos, considerando medidas de seguridad apropiadas o el cumplimiento de la obligatoriedad de contar con el seguro de responsabilidad civil.
A su vez, el diputado José Luis Toledo Medina, de la representación legislativa de Movimiento Ciudadano propuso reformar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, en materia de protección a las familias.
Además, el Congreso de Quintana Roo aprobó con 23 votos a favor de los diputados presentes el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.
De esa manera, se aprobó eliminar el cobro por el uso de contenedores inteligentes y se estableció que todas las casas habitación en todas las zonas dentro del área geográfica del municipio, quedarán exentas del pago de la tarifa de residuos.
Por último, el diputado José Luis Toledo Medina exigió una disculpa pública al Gobernador de Campeche, por la actitud beligerante que ha tornado en contra de los quintanarroenses.
Los diputados Roberto Erales Jiménez, del PT, y Gustavo Miranda García, del PVEM, se pronunciaron sobre el tema, señalando que el conflicto debe resolverse por la vía jurídica sin afectar la relación de hermandad entre campechanos y quintanarroenses.