Ciudad de México, 22 de julio 2022.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, junto con los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, presentaron una iniciativa para garantizar el derecho humano a la salud de las mujeres privadas de la libertad, así como su acceso a la higiene menstrual.
Plantearon que en la definición de los suministros que se deben proveer en los centros penitenciarios se establezca la obligación de contar con agua corriente salubre, aceptable, asequible e ininterrumpida, así como elementos de gestión menstrual y artículos de aseo e higiene personal y de limpieza.
Además, destacaron la necesidad de incorporar como derecho de las mujeres privadas de su libertad, la realización de jornadas médicas cada dos meses para ampliar la cobertura de la atención médica.
Pidieron que la autoridad penitenciaria capacite de manera continua al personal médico, de seguridad y custodia de estos establecimientos, con un enfoque de género y de derechos humanos.
En relación con el personal médico responsable en los centros penitenciarios, propusieron que, además de contar con cuando menos un médico responsable, un auxiliar técnico sanitario y un odontólogo, debe haber un psicólogo y una ginecóloga mujer.
Garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad es una deuda que tiene el Estado Mexicano y “combatir la falta de derechos en los sistemas penitenciarios en México es la clave para que podamos hablar de una verdadera reinserción social”, enfatizaron los legisladores.
En ese sentido, Bañuelos de la Torre, Lucero Olivas y Padilla Peña afirmaron que su bancada siempre está a favor de la protección, garantía y progresividad de los derechos humanos de todas las personas y, en especial, de las mujeres.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 3, la fracción V del artículo 10, el inciso II del artículo 76 y el artículo 78, y que adiciona un nuevo párrafo al artículo 14, todos ellos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, fue turnada directamente a las comisiones unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado.