La empresa Real Estate Dragon Mart Cancún se encuentra evaluando la resolución que emitió la semana pasada la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que, entre otras cosas, aplica una multa superior a los $7.2 millones de pesos al corporativo que pretende desarrollar ese polémico complejo cerca del aeropuerto.
De acuerdo con un comunicado de prensa que emitió el corporativo este domingo, la mencionada resolución administrativa de la Profepa “es de aproximadamente 150 hojas con complejas consideraciones de hecho y de derecho, así como distintas medidas correctivas y económicas que requieren de análisis técnico-jurídico”.
La semana pasada la Profepa dio a conocer la aplicación de una multa de $7.233,675 millones de pesos a los empresarios que promueven el proyecto “Dragon Mart”, por carecer la obra de autorizaciones en materia de impacto ambiental.
Dicha resolución se emitió después de concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que se construye en el predio “El Tucán”.
El proyecto fue sancionado por no contar con autorizaciones para la realización de obras, así como dos caminos en zonas de humedales y por la afectación de ecosistemas costeros, derivado de la construcción del desarrollo inmobiliario.
Adicional a la multa, se impusieron medidas correctivas como la obligación de obtener autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de impacto ambiental, y en caso de no obtenerla, aplicar medidas de restauración y compensación por los daños ambientales provocados.
En el comunicado de prensa, Dragon Mart explica que el proyecto cuenta con estudio de manifestación de impacto ambiental aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Quintana Roo que, según los promoventes del polémico proyecto, es la instancia ante la que corresponde hacer el mencionado trámite y no ante la Federación.
Señala también que la empresa es propietaria del predio desde el 21 de febrero de 2013 y que procedió a adquirir el terreno una vez que la Profepa determinó en noviembre del 2012 que el anterior propietario contaba con todas sus autorizaciones para remover la vegetación y realizar trabajos de extracción de material pétreo.
Señala que los trabajos de construcción iniciaron en diciembre pasado, luego de que el gobierno del estado autorizó un estudio de manifestación de impacto ambiental y obtuvo la licencia de construcción por parte de las autoridades municipales.
En marzo pasado la Profepa realizó una segunda inspección al inmueble y emitió la Resolución Administrativa PFPA/4.1/2.C.27.5/00006-14 el 12 de agosto pasado, que incluye la multa superior a los $7.2 millones.
Juan Carlos López Rodríguez, director general del proyecto, informó que la empresa se encuentra evaluando el contenido de la resolución, a fin de determinar las acciones a seguir respecto a la misma.
Señaló que “es un resolutivo de aproximadamente 150 hojas con complejas consideraciones de hecho y de derecho, así como distintas medidas correctivas y económicas que requieren de análisis técnico-jurídico”.
El comunicado señala que la empresa refrenda “su respeto al Estado de Derecho, a las instituciones y a las leyes mexicanas” y subraya que su inversión “siempre se ha realizado con estricto apegoa la Ley”.