Palco Quintanarroense
Rebase por la izquierda
Julio César Silva Cetina
Desde la Santa Inquisición con su lista de libros prohibidos y quemados hasta fanáticos religiosos que ametrallan instalaciones periodísticas en Francia, pasando por amenazas constantes del crimen organizado a los medios de comunicación en varias partes de México, la libertad de expresión enfrenta una constante lucha por permanecer como un elemento imprescindible para que el desarrollo y diálogo puedan funcionar y prosperar.
A pesar de que organismos multilaterales, como la ONU y las propias constituciones nacionales, como la de México, garantizan su ejercicio, poco o nada se ha hecho por proteger a un sector tan frágil como lo es el compuesto por los periodistas.
Una cosa es la libertad de expresión consagrada en la Constitución, ejercida hasta con irresponsabilidad por algunos y otra la protección de los comunicadores. Varias regiones de México, especialmente los controlados por grupos caciquiles y la delincuencia organizada son ejemplo de lo frágil que es el ejercicio de la libertad de expresión y de la debilidad institucional que ayuda a la impunidad.
El caso más reciente ocurrido en Medellín, Veracruz, donde el alcalde Omar Cruz Reyes, de filiación panista, mandó asesinar a un periodista incómodo es ejemplo de ello. Mientras las instituciones actuaban con lentitud, el presidente municipal desaparecía huyendo de la corta, débil mano de la justicia.
Justamente agrupaciones como Reporteros sin fronteras consideran que el gran pendiente en México es el establecimiento de herramientas institucionales de protección a periodistas y son esas voces que fueron escuchadas por el Ejecutivo quintanarroense para decidir cubrir ese hueco con una iniciativa de ley vanguardista.
Aún cuando se trata de una entidad en la que se ejerce a plenitud la libertad de expresión –como lo prueban más de una decena de impresos diarios, otro tanto de revistas semanales o mensuales, estaciones de radio y televisión a los que se suman decenas de medios digitales-, el gobernador Roberto Borge Angulo decidió poner a Quintana Roo a la vanguardia nacional en ese tema, como lo ha hecho con otros para subrayar el liderazgo del estado.
No hay duda. Quintana Roo tiene muchos pendientes. Nadie puede negar la pobreza y desigualdad que prevalece, como en todo el país, pero saldar el pendiente de la salvaguarda de la integridad de los defensores de los derechos humanos y los periodistas es cumplir con un elemento básico de la democracia, de la convivencia armónica y el desarrollo que necesariamente ayudará a resolver lo demás.
Seguramente habrá quienes critiquen la mencionada iniciativa, pero serán aquellos que prefieren ver el vaso medio vacío y no medio lleno, serán aquellos que quieren avasallar con su criterio, que quieren imponer su monocromática visión de las cosas.
Siempre será beneficioso tener una herramienta perfectible que no tener ninguna, siempre será importante dar un paso hacia adelante que mantenerse anclados, inmóviles. Siempre será más fácil destruir que construir, criticar, quejarse de todo y contra todo en lugar de dialogar, de proponer y avanzar.
La libertad de expresión es un ejercicio interactivo, de doble vía y, por tanto, quien critica debe estar dispuesto a ser criticado y es allí donde muchos fallamos, es donde algunos pretenden hacerse las víctimas, allí surgen quienes denuncian supuestas agresiones que no van más allá de su imaginación.
Pero aún para ellos estará a su servicio la futura ley, a pesar de que la critiquen en su génesis. Ya lo veremos. Por lo pronto, la iniciativa del Ejecutivo los rebasa por la izquierda.
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