El director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, rechazó que el organismo distribuya medicamentos “patito” y tenga problemas financieros para operar.
Las medicinas que se han tenido que adquirir en el extranjero cuando llegan al país las revisa la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) , entonces, “no hay porque tener temor de que vamos a comprar medicamentos patito”
“No hay modo de que así sea, si son los que autoriza la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué vas a comprar medicamentos patito?, no se puede, sería inverosímil”, sostuvo.
Durante su participación en el parlamento abierto sobre las reformas al artículo 4º de la Constitución , mediante las cuales se busca dar rango constitucional a los programas sociales de pensión universal a adultos mayores, becas a personas con discapacidad y salud universal, el funcionario federal sostuvo que sí hay dinero suficiente para operar.
Incluso dijo que si hay dificultades en centros de salud en los estados, aunque se eche la culpa al Insabi, éstos operan aún bajo responsabilidad de las entidades, no del Instituto.
“Ahorita todo mundo dice: no, es que tiene la culpa el Insabi. Miren, no es tan así, digamos, todos los estados siguen siendo responsables de llevar acabo los servicios de salud, y si ustedes me preguntan ¿han recibido los recursos? (si), hemos hecho toda la transferencia de los recursos, hayan firmado o no hayan firmado el acuerdo de coordinación”.
Argumentó que en todo caso puede ser otra la causa de que no haya medicamentos en alguna entidad, por ejemplo que los servicios de medicamentos estén subrogados, es decir que el abasto esté contratado con un particular ”y el particular como no le pagan no se los entrega” pero en esos casos el gobierno federal va a dar esos medicamentos.
Por eso detalló cuánto y de dónde se financia el Instituto. El problema no es recursos, pues del extinto seguro popular hay más de 72 mil millones de pesos, se autorizaron 40 mil millones de pesos adicionales y aparte de los 26 estados que se adhirieron al acuerdo de coordinación, cada uno tiene corresponsabilidad , por lo que van aportar 30 mil millones de pesos más.
En el parlamento, que hoy analizó al Insabi y las becas para estudiantes, Adolfo Martínez Valle, Investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que se ha subestimado el costo de dar atención médica universal.
Para elevar a la Constitución un programa como el de la salud se debe analizar la viabilidad de 5 dimensiones: si es social, es legal, política, y éstas son viables.
“Pero hay dos dimensiones de viabilidad, la financiera, si existen los recursos y la respuesta es no. Se estiman 100 mil millones de pesos, calculando lo que gasta hoy la seguridad social y las personas que no tienen seguridad social. Esa es una referencia pero hay que invertir de 2 a 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) pues cubrirá a todos sin restricciones” y no hay recursos suficientes.
La propuesta de reforma reduce todo a brindar atención médica y el derecho debe ser más amplio, al ejercicio del bienestar, que incluye la salud y otros beneficios sociales.
Joaquín Molina, asesor de la Unidad de Análisis Estratégico y Evaluación del Insabi, garantizó que el instituto asumirá los desafíos que implique la decisión de la Cámara de Diputados porque “no hay verdadero bienestar sin salud para gozar de oportunidades al desarrollo pleno”.
La reforma da un paso cierto para entender y practicar el derecho a la salud con soluciones a la postergación, deuda social y necesidades de bienestar de la población sin seguridad social.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, cuestionó si habrá dos sistemas nacionales de salud, uno para no derechohabientes y otro para los demás; asimismo, qué implicación tendría las reformas secundarias y cuál sería la lógica de los ingresos y gastos presupuestales.
Ferrer, director del Insabi, aseguró que el objetivo final es que los servicios de salud sean universales.