Argentina amaneció este miércoles con una huelga de funcionarios contra el despido de más de 26 mil contratados en los tres niveles del Estado, el nacional, el provincial y el municipal, desde que en diciembre pasado la coalición que lidera Mauricio Macri llegó al Gobierno federal y al poder en diversos distritos y desplazó de allí al kirchnerismo.
En enero pasado, el jefe de Estado justificó los despidos con una expresión de deseos: “Que no haya más argentinos a los que se le dibuje un recibo salarial por algo que no hace”.
En Argentina, a los empleados públicos que cobran sin hacer nada se les llama “ñoquis”.
El Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, reforzó la idea que parte del aumento del 67 por ciento de la plantilla de funcionarios nacionales, provinciales y municipales entre la crisis de 2002 y 2014 era por el empleo de kirchneristas.
“No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis”, aseguró el funcionario.
Pero la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que está encabezada por un crítico del kirchnerismo, Hugo Godoy, rechazó el planteo del Gobierno de Macri.
“La idea de los ñoquis es un argumento para despedir masivamente”, repudió el sindicalista Godoy.
“Apuntan a reducir la planta del Estado y desestructurar organismos importantes”.
El kirchnerismo acusa al Gobierno de Macri de persecución ideológica contra cientos de sus militantes que trabajan en el Estado, así como en los 12 años de los Kirchner hubo algunos empleados públicos que denunciaron lo mismo ante la justicia.
Lo nuevo es la poda general de funcionarios. En Facebook y Twitter se creó un perfil llamado El Despidómetro, que calcula que fueron echados unos 26 mil 676 empleados públicos, de los cuales unos 16 mil 697 eran municipales, unos 7 mil 109 del Estado nacional y unos 2 mil 870 de las provincias.
El Gobierno de Macri despidió personal de diversos Ministerios, del Centro Cultural Kirchner, los museos nacionales, Radio Nacional, la unidad contra el lavado de dinero, Fabricaciones Militares o la fabricante de satélites Arsat.
Además, el Ministro de Modernización de Argentina, Andrés Ibarra, anunció este martes que estaba analizando otros 25 mil contratos y prometió más despidos.
“Podría haber más cesanteados si hay contratos que no cumplen funciones específicas o tienen origen de militancia financiada con dinero público”, señaló.
La huelga de funcionarios comenzó con un desafío abierto al nuevo protocolo que dispuso el Gobierno de Macri para prohibir los cortes de calles, que han sido el principal método de protesta social en Argentina desde su crisis de 1998/2002.
El sindicato ATE había prometido al Ejecutivo que no haría piquetes sino que solo marcharía hacia el Obelisco de Buenos Aires. Y lo está cumpliendo. Pero militantes de la izquierda trotskista, crítica también del kirchnerismo, cortaron la intersección de las avenidas Callao y Corrientes mientras se aglutinaban para dirigirse también al Obelisco.
La Policía federal, en lugar de reprimir el bloqueo, se retiró del lugar. El propio secretario de Seguridad Interior de Argentina, Gerardo Milman, admitió que este miércoles: “habrá tantos cortes que ni usando toda la Policía alcanzaría” para desalojarlos.
Agencias