Ciudad de México, 9 de enero.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ofreció hasta dos millones de pesos a quien proporcione información que permita dar con el paradero de Karina Itzel Morales Baltazar y hasta dos millones de pesos más, a quien ayude a la localización de Atzin Molina Salinas.
Karina Itzel, quien desapareció el 15 de diciembre de 2018 y Atzin, reportada como ausente desde el 9 de febrero del año pasado, están relacionadas con el grupo delictivo denominado la Unión de Tepito.
La primera de ellas, de 28 años de edad, era novia de Alexis Martínez “El Alexis”, clonador de tarjetas y presunto operador financiero de La Unión, quien fue detenido y posteriormente liberado en marzo de 2019.
De acuerdo con las autoridades, el día de su desaparición, Morales Baltazar había acudido a un evento de música electrónica en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Ella se encontraba en compañía de su pareja “El Alexis” y de Brayan Mauricio González “El Pozoles”, uno de los presuntos líderes de la Unión y quien actualmente se encuentra preso acusado del homicidio de la venezolana Kenny Mireya Finol, de 26 años.
Según sus familiares, a las 6:00 de la mañana, Karina llamó por teléfono a su casa para avisar que iba de regreso, pero nunca llegó.
En lo que se refiere a Atzin Molina Salinas, de 20 años, ella fue vista por última vez en calles de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Molina Salinas, quien se hacía llamar Medusa, era novia de “El Manzanas”, uno de los hombres que asumió el liderazgo de La Unión, tras la captura de Roberto Mollado Esparza “El Betito”.
Ella fue señalada por integrantes de esta organización criminal, de ser quien “puso” a El Pozoles para ser capturado.
El día de su desaparición Atzin había quedado de reunirse en el after Cíngaro, de la Zona Rosa con El Manzanas, su novio, y después ya no se supo nada de ella.
Las recompensas fueron publicadas este jueves en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
De acuerdo con lo estipulado estas no serán aplicables a las personas servidoras públicas con funciones relacionadas con la seguridad pública, procuración y administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.