Cancún, 8 de enero.— Red Recolector, S.A. de C.V., la empresa a la cual el Cabildo de Benito Juárez decidió otorgar el contrato para la recolección y disposición final de residuos sólidos en el municipio es una compañía con 23 años de experiencia, constituida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 22 de diciembre de 1997, de acuerdo con su acta constitutiva.
Los socios de la empresa son Horacio Guerra Marroquín, quien posee el 50 por ciento de las acciones, Karla Rebeca y Karina Vanessa Guerra Marroquín, con el 25 por ciento cada una, según el acta firmada ante Jesús Lozano de la Garza, Notario Público No. 5 de Monterrey.
En el acta constitutiva no aparecen familiares de la presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Lezama Espinosa, como señalan versiones que presuntamente difundió Intelligencia México, empresa a la cual se le canceló el contrato correspondiente ante el incumplimiento del servicio.
Red Recolector tiene desde su creación por objeto social, entre otras cosas, el establecimiento y explotación del servicio público de autotransporte de carga, especializado en la recolección de basura municipal, comercial e industrial, así como de materiales peligrosos y sus residuos.
Además, su Registro Federal de Causantes (RRE971222V9) confirma que opera legalmente desde hace 23 años, en los que habría acumulado experiencia suficiente para la prestación del servicio de recolección de basura. La empresa está inscrita en el Padrón de Proveedores de Quintana Roo, con el número de folio 2817, y en el Padrón de Proveedores del Municipio de Benito Juárez, con número de folio 0175.
El contrato fue firmado por su apoderado legal, Jorge Alberto Guzmán Treviño, en tanto que por el organismo público descentralizado denominado Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) Cancún, lo hizo Heraclio Morales Ponce, luego de que el 14 y 17 de diciembre de 2020, en las Sesiones Extraordinarias de Cabido XIX y XX se declaró el estado de emergencia sanitaria en el municipio ante el incumplimiento de Intelligencia México a la concesión de los servicios públicos municipales de recolección y transportación de residuos sólidos.
Se hace notar que en la II Sesión Extraordinaria del 1 de enero próximo pasado, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y de Servicios de Siresol Cancún aprobó la contratación de la prestación del servicio público de limpia de residuos sólidos generados, en lo referente a la recolección y transportación en el municipio de Benito Juárez, mediante el procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública nacional número Siresol-DG-CPS-01-21.
El contrato, cuya vigencia no se establece, es por hasta 260 millones de pesos, IVA incluido. Se precisa que el pago será de 730 pesos más IVA por cada tonelada de basura recolectada y dispuesta finalmente en el relleno sanitario, tarifa que se mantendrá hasta en tanto no sea modificada por ambas partes.
La empresa se compromete, entre otras cosas, a recolectar correctamente los residuos sólidos urbanos no peligrosos y de manejo especial generados en el municipio; a atender inmediata y eficientemente las quejas de los beneficiarios del servicio y de Siresol Cancún; tener una oficina administrativa debidamente acondicionada, con personal y dotada de los medios para su funcionamiento.
Además, Red Recolector, deberá tener una flotilla de 60 camiones para la prestación del servicio, la cual debió tener Intelligencia México, que en el último año trabajó sólo con 18 unidades, lo que dio pie a la crisis sanitaria; también dotará a sus trabajadores con uniformes y elementos de seguridad; tendrá suficiente personal y debidamente capacitado para atender la relación de rutas generales, horarios y frecuencias mínimas requeridas para la prestación del servicio que determine conjuntamente con Siresol y sean autorizadas por ésta.
Entre las cláusulas del contrato se establece que Red Recolector pagará una fianza equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato, la cual se deberá entregar en un plazo de 10 días a partir de la firma del documento. El incumplimiento dará pie a la rescisión.
A diferencia del contrato que se tenía firmado con Intelligencia México, que otorgaba a la empresa todas las ventajas, en el nuevo se detallan sanciones por cada día de atraso en la prestación del servicio o su incumplimiento, por un monto equivalente al 1 por ciento del monto del contrato.
Otra gran diferencia es que el contrato se puede suspender total o parcialmente en caso de incumplimiento, lo cual le será notificado a la empresa por escrito y se le otorgará un plazo de cinco días para corregir las fallas antes de proceder a la rescisión.