La inédita trasmisión de gobierno que se dará en Quintana Roo el próximo 25 de septiembre, entre una administración saliente del PRI y otra entrante postulada por el PAN y PRD, ha puesto en evidencia “lagunas” legales que si bien no ponen en duda la legalidad de la administración entrante, muestran que nuestras instituciones aún están cojas en varios aspectos.
Sin embargo, México no es la excepción, pues en varios países de América, sobre todo en aquellos en los que la democracia se reinstauró en la década de los 80, hay debates sobre cómo debe desarrollarse un período de transición.
Incluso, en Argentina el nuevo gobierno que encabeza Mauricio Macri, al que Cristina Fernández de Kirchner, le impuso diversos obstáculos que dificultaron la entrega del gobierno, ya propuso al Senado reglamentar ese proceso.
Aunque México dejó de ser una dictadura después de la Revolución, tampoco contaba con un mecanismo que regule la transición entre un gobierno que sale y otro que entra. Esto apenas ocurrió con la llegada de Vicente Fox Quesada, cuando incluso el Congreso de la Unión dispuso de un presupuesto para que opere el equipo del presidente electo.
Sin embargo, lo que sigue sin resolverse es lo que pasa entre el último minuto del gobierno que se va y la toma de protesta del presidente que llega, pues en ese período técnicamente no hay primer mandatario o gobernador, como ocurrirá en Quintana Roo el 25 de septiembre, pues la Constitución señala que el Ejecutivo entrante solo podría tomar decisiones legalmente válidas a partir de que rinde protesta.
Eso es un tema pendiente.
En el caso de la transición, la experiencia internacional demuestra que varios países perfeccionaron las transiciones gubernamentales a partir de una institucionalidad, procesos y hasta ciertos rituales que contribuyen a mostrar un Estado organizado frente el cambio de gobierno.
A principios de 2015, la prensa argentina destacó el desayuno que se realizó el
día siguiente de la elección en la provincia de Mendoza entre el gobernador saliente y el electo. Fue un gesto de convivencia política inusual en el país, que imitaba una costumbre en Chile, donde este encuentro es tradición desde el retorno democrático.
De la misma manera, el electo presidente Obama visitó en la Casa Blanca al entonces presidente en ejercicio George W. Bush seis días después de ganar la elección en 2008.
En Quintana Roo, el gobernador Roberto Borge Angulo y el ganador de las elecciones, Carlos Joaquín González, sobre quienes hay una historia de enfrentamientos públicos, se encontraron diez minutos después de las elecciones, sin que pudieran establecer ninguna ruta sobre la transición.
El ritual de los dos gobernantes que se encuentran días después de la elección escenifica la continuidad del Estado y simboliza un mensaje de convivencia democrática. Pero más allá del carácter simbólico de este acto, las transiciones de gobierno exitosas suponen mecanismos y procesos institucionales que colaboran con la instalación del nuevo gobierno, la continuidad de temas de Estado y la responsabilidad democrática del gobierno saliente en su último tramo al frente del país.
Algunos países cuentan con leyes para regular el proceso de transición. Por ejemplo, Estados Unidos, que en 1963 sancionó la Ley de Transición Presidencial, a partir de la cual el Congreso debe asegurar fondos para una institución con esta finalidad que nace y termina con cada transición presidencial.
Esta ley fue complementada con la Ley de Registro Presidencial de 1978, que establece principios vinculados con el uso de la información estratégica y clasificada del Estado. En 2010 se redactó un acta de transición presidencial preelectoral,
con el espíritu de extender el período de planeamiento de la transición. En Brasil, en 2002 se sancionó un decreto de transición presidencial, que estableció la elaboración de informes por parte de los ministerios y la creación de un portal web sobre la transición. Ese mismo año, Puerto Rico también sancionó una ley que regula el proceso de transición de gobierno. La ley contempla reglas básicas para regir el proceso transicional, para evitar el compromiso del presupuesto del próximo gobierno mediante el otorgamiento indiscriminado de contratos y subsidios.
La transición puede ser un período clave para definir una agenda de políticas prioritarias para el nuevo gobierno y conformar los equipos que serán responsables de implementarla.
Con independencia del signo político del Ejecutivo electo, la transición debe ser planificada incluso desde el gobierno que se va para que los nuevos funcionarios tengan información relevante sobre todas las áreas de gobierno y un contexto de colaboración que ponga la continuidad estatal por encima de cualquier imperativo partidario. La responsabilidad es de los dos.
Llegó el momento de reglamentar las transiciones en Quintana Roo, para garantizar que sean ordenadas y transparentes.
