Cancún, 4 de marzo.- La represión policiaca a balazos registrada la noche del 9 de noviembre frente al Palacio Municipal de Cancún contra ciudadanos que protestaban por la violencia de género quedó documentada en el reporte “México: La Ira (era) de las Mujeres” que presentó Amnesty International (Amnistía Internacional).
En el documento, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la ausencia de transparencia en relación con la rendición de cuentas por parte de las corporaciones policiales, así como el impacto negativo que la conducta de estas autoridades puede tener en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos sufridas durante la manifestación del 9 de noviembre.
De hecho, destaca que varias manifestantes aseguraron haber presentado denuncia penal por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.
En su reporte, la agrupación da a conocer sus consideraciones en torno a la balacera en la que participaron agentes policiacos con saldo de varias personas lesionadas, entre ellas dos reporteros, y violaciones a los derechos humanos de ciudadanos, principalmente mujeres que se manifestaron en contra de la violencia de género.
La movilización se registró también por el feminicidio de “Alexis” joven cancunense cuyo cuerpo apareció, días antes, desmembrado en un basurero de fraccionamiento en Cancún.
En el reporte, se precisa que a pesar de que los daños a las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez y a los objetos que sacaron de allí, fueron realizados mayoritariamente por hombres, la policía detuvo en su mayoría a manifestantes mujeres; siete de las ocho personas detenidas eran mujeres.
De igual manera, establece que las detenciones que Amnistía Internacional documentó, en la ciudad de Cancún fueron arbitrarias, que ninguna realizó daños ni cometió faltas administrativas, por lo que se evidencia que su detención se debió únicamente al ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica.
Además, precisa que las personas detenidas fueron retenidas por la policía durante varias horas y no se les brindó la atención médica que necesitaban, y que las propias autoridades, estatales y municipales, cayeron en contradicciones.
En ese sentido, el documento refiere que el entonces Secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, quien se encontraba en el Palacio Municipal durante la manifestación, indicó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que el motivo de la detención eran los daños a la propiedad que habían causado, mientras que en información oficial proveída por la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se indicó que las personas habían sido “aseguradas preventivamente”.
Sin embargo, cuando las manifestantes fueron llevadas a la Fiscalía General de Quintana Roo sólo les tomaron sus datos, pero no les pusieron a disposición de la autoridad competente, ni les realizaron revisión ni certificación médica.
Posteriormente fueron llevadas a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, en donde finalmente fueron liberadas sin que hubieran sido puestas a disposición de ninguna autoridad competente.
A su vez, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, señaló a las 9:05 pm del 9 de noviembre que había dado instrucciones de no agredir ni usar armas en la marcha, y posteriormente, a las 10:33 pm del mismo día, la Presidenta Municipal de Benito Juárez señaló que los elementos de seguridad del municipio estaban a cargo del Mando Único Estatal.
La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo pudo establecer que el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez ordenó disparar al aire con armas letales.
La Comisión también resaltó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública Estatal como la Municipal, no le remitieron la información requerida sobre quiénes dispararon, las razones para disparar, el número de disparos; además de que no exigieron a quienes dispararon que realizaran el informe sobre el uso de la fuerza y armas de fuego.
En oficio del 30 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo manifestó a Amnistía Internacional que no podía dar información del cuerpo policial que participó en la manifestación, la cadena de mando, la planeación de la operación, el personal herido personas y las manifestantes heridas y detenidas, argumentando que era información reservada.
La Secretaría de Seguridad Pública señaló que esta información se considera reservada porque: “compromete la seguridad pública, aunado a que dicha información podría obstruir la persecución del delito, así como de los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, afecte los derechos del debido proceso, se vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos, además de que dicha información se encuentra contenida dentro de las investigaciones de los hechos que la ley señala como delitos ante el Ministerio Público”.— Agencias.
