Ciudad de México, 30 de julio.- Tras una investigación que le llevó cuatro años, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) resolvió que 11 empresas integradoras de banco de sangre y pruebas de diagnóstico, así como 14 dueños y directivos de esas mismas empresas, son culpables de cometer prácticas monopólicas absolutas en perjuicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, por tanto, deberán pagar multas diferenciadas por un total conjunto de 626.4 millones de pesos.
Conforme la resolución C031/2020 –cuya copia está en poder de esta reportera– los cinco comisionados, incluida la presidenta Alejandra Palacios Prieto, definen que la infracción es de gravedad alta y que corresponde una multa de hasta el equivalente al 10% de sus ingresos acumulables del último ejercicio fiscal en que se incurrió en la infracción. Para ello consultaron al SAT.
La mayor sanción económica aplicada fue por 105.1 millones de pesos y esa misma cantidad se aplicó para cuatro empresas: Falcón, Centrum, Dicipa y Selecciones Médicas del Centro (Semece). De ahí en fuera las cantidades van descendiendo hasta la más baja por 730,566 pesos que fue aplicada a Selecciones Médicas. Esta resolución de Cofece es resultado de una denuncia que presentó el IMSS en el 2016 –dirigida entonces por Mikel Arriola el sexenio pasado–, en medio de un escándalo detonado a partir de audios que los mismos empresarios difundieron en la plataforma YouTube.
En el orden en que están enlistadas las empresas sancionadas en la resolución es el siguiente: Dicipa, Selecciones Médicas, Selecciones Médicas del Centro, Centrum Promotora Internacional, Instrumentos y Equipos Falcón, Impromed, Hemoser y Grupo Vitalmex incluyendo sus subsidiarias Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico.
En tanto, de los directivos sobre quienes también se imponen sanciones como personas físicas, a quien se le asigna la multa más alta -de 14.4 millones de pesos- es a Francisco Pérez Fayad, dueño de Selecciones Médicas y de Fármacos Especializados misma que tras haber dominado el mercado de distribución por muchos años, terminó cerrando al haber sido inhabilitada por el actual gobierno. Otros empresarios sancionados por Cofece con cantidades que van de 2.1 millones de pesos a 126,582 pesos son: Francisco Pallach Álvarez (Dicipa), Valentín Campos Ramírez y Valentín Campos Gudiño (Centrum), Noé Ramírez Garza (quien fue funcionario del IMSS) y Rolando Ramírez Garza, así como Alejandro Bolín Hermida (los tres de Falcón); José Chein ScheKaiban (de Impromed), Ignacio Higareda Figueroa (de Hemoser, quien también fue funcionario del IMSS por muchos años); José María Lorenzo Gutiérrez Llama, Eduardo Mayorca Martí (los dos de Selecciones Médicas y/o Selecciones Médicas del Centro) y Jaime Cervantes Covarrubias (Grupo Vitalmex).
El que recibe la menor sanción es Guillermo Hermosillo Delgadillo por 70,952 pesos, de Impromed.
Conforme el documento, hubo debate entre los comisionados de Cofece para definir en base a qué ley se imponían las multas dado que las conductas y sus efectos se extendieron entre 2008 y 2016, y en ese periodo subsistieron tres diferentes rangos de multas para el tipo de prácticas monopólicas referidas.
El IMSS, por ver si procede legalmente
Sobre la resolución en cuestión, la semana pasada –el 24 de julio– el IMSS emitió un comunicado, donde apuntó que “analizará cuáles serán los efectos jurídicos derivados de la determinación de la Cofece y de la Función Pública respecto a los procedimientos de contratación en las que participen estas empresas sancionadas”.
Un punto importante en este contexto es que corresponderá a la Secretaría Función Pública si se presenta denuncia penal contra algunos de los actores sancionados ya por Cofece, y también si se decide inhabilitar a alguna de las empresas o de las personas físicas sancionadas.
La tardanza de más de 4 años en este proceso de parte de la autoridad regulatoria de competencia deriva en que justo el IMSS recién licitó una nueva adquisición de los servicios de banco de sangre donde fueron asignadas algunas de las empresas integradoras ahora sancionadas, como es el caso de Impromed, que justamente es de las que recibe las sanciones más elevadas de parte de Cofece. Adicionalmente, estos ejercicios son licitados trianualmente, de modo que la vigencia del servicio otorgado cubre hasta el año 2022.
Vale señalar que, bajo la actual ley antimonopolios, la autoridad hoy tiene facultades no sólo para imponer multas sino para determinar sanciones penales, y también desmantelar las compañías. E Igualmente el IMSS podría pedir pago de los daños comprobados. (Fuente: El Economista)
