CHETUMAL.- El PRI y partido Verde se sumaron a la llamada “nueva mayoría” del Congreso, que este jueves aprobó por unanimidad contrarreformas a la Ley de Seguridad y Código Penal del estado, para endurecer nuevamente las acciones penales contra funcionarios que incurran en irregularidades.
Además, también se limitó a seis años el tiempo en el que los ex gobernadores y su familia pueden disponer de guardaespaldas con cargo al erario.
En el llamado paquete “de impunidad” que aprobó en periodos extraordinarios la XIV Legislatura en sus últimos dos meses de vida, se suavizaron las sanciones en contra de funcionarios que incurran en irregularidades en el manejo del erario.
De hecho, se eliminó la gravedad del delito, por lo que funcionarios corruptos podían salir libres bajo fianza.
La contrarreforma de este jueves restablece la gravedad de los delitos contra el erario.
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, subió a tribuna para pedir que no se olvide lo que ha pasado y que el voto del PRI y del PVEM, a favor de estas reformas, constituían un ‘lavado de cara’ con lo hecho por los priistas y verdeecologistas de la anterior legislatura.
“Los diputados de la XIV Legislatura pisotearon los derechos de los ciudadanos y eso no puede ser olvidado”, sentenció.
Advirtió que estas reformas aún estarán a prueba porque deben ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado por el actual gobierno, quien podría vetarlas, y de allí la importancia de darle seguimiento a este proceso que aún no termina.