Al menos mil 800 millones de pesos, de los 2 mil 400 que costó un software informático adquirido durante la pasada administración de Roberto Borge Angulo, fueron a parar a empresas “fantasma”, reveló aquí el secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández.
De acuerdo a una nota que publica esta mañana el periódico capitalino Reforma, al comenzar la administración de Carlos Joaquín González se descubrieron facturas apócrifas que ascienden al 75 por ciento de los recursos gastados por un servicio que, además, está inservible.
Entrevistado por el medio en el marco del Tianguis Turístico México 2017, Vergara Fernández cuestionó: “¿Cómo es posible que el estado más fuerte en materia de turismo, el que tiene los reflectores a nivel mundial y el que pone el 42 por ciento del PIB en materia de turismo al país está con computadoras del año 2000 y sin internet?”.
“Esa es la ‘modernidad’ en la que se encuentra hundido el estado de Quintana Roo”, reclamó el funcionario.
Además, añade Reforma, el actual Gobierno estatal detectó la “desaparición” de 59.9 millones de pesos autorizados por el Congreso del estado para suministrar agua al poblado de San Antonio Soda, en el municipio de Othón P. Blanco.
A lo largo de años, refiere la fuente, esa localidad de 500 habitantes ha mantenido en los tribunales diversos juicios por la desatención gubernamental en suministrarles el líquido.
A mediados del año pasado, los abogados de la comunidad de San Antonio Soda presentaron ante el Juez Primero de Distrito en el estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, una denuncia contra el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado, Gustavo Guerrero Ortiz, por desacato a la sentencia de dotar de agua potable a esa población.
“Había un proyecto de 59.9 millones de pesos; ese dinero, si se bajó, nunca llegó y la comunidad sigue sin agua después de cinco años”, refirió Vergara.
Las irregularidades no terminan ahí, agregó el titular de Sefiplan, ya que también se encontró un déficit fiscal de 3 mil 200 millones de pesos, de los que mil 800 millones corresponden al pago de pasivo de proveedores, a quienes no se les entregó el dinero.
“Pero, además, hay algo muy grave: Encontramos que las retenciones de terceros en materia de ISSSTE, FOVISSSTE, Consar y la póliza de vida de Metlife no las pagaron. Sí les retenían a los trabajadores, pero las autoridades no las pagaban”, detalló el funcionario.
“Eso es grave porque mandaron a todos los trabajadores del Gobierno del estado en esa situación al Buró de Crédito y en algunas instancias esas autoridades están con procedimientos administrativos en contra de los trabajadores”, puntualizó Vergara Fernández.
(Fuente: Reforma)