La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los senadores debatir y aprobar este próximo periodo de sesiones la iniciativa de regulación de la mariguana para fines medicinales, industriales o lúdicos, así como regular la cadena completa de producción, distribución o consumo con el objetivo de atender un problema que ha costado vidas de mexicanos.
Reconoció que aunque no hay evidencia contundente sobre el impacto de la despenalización de la producción y comercialización de la mariguana en los índices de violencia delictiva, dejará de criminalizar a miles de productores del campo obligados a la siembra por la delincuencia organizada.
De lo que no tengo duda, es que la despenalización quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende de sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado para presionar, extorsionar o someter la violencia a los productores del campo”, afirmó.
La propuesta de sacar adelante la iniciativa de regulación es para atender la sentencia de la Suprema Corte que pide al Congreso legislar y tener un acuerdo en esta materia a más tardar el próximo 30 de abril de este año.
Tenemos tiempo, pero no mucho para arribar a las mejores soluciones que otorguen certeza jurídica y reciban además el visto bueno de organismos internacionales que tienen injerencia en esta materia y debemos respetar los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte”, señaló Sánchez Cordero.
En la mesa de trabajo con los senadores de Morena sobre cannabis, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pidió reconocer que la estrategia prohibicionista es insostenible por la violencia que ha generado y los malos resultados en materia de salud pública
Solo por mencionar algunos ejemplos: la prohibición no se ha traducido en la reducción del consumo de cannabis, se ha criminalizado inevitablemente a los consumidores disminuyendo sus probabilidades de reinserción y rehabilitación y sobre todo, el problema se ha convertido en una crisis de seguridad pública a nivel nacional”, mencionó.
El funcionario sugirió que al regular este asunto se debe incrementar la edad mínima de consumo hacia los 23 años, que es cuando la madurez cerebral culmina en los jóvenes a fin de que la exposición a cannabis resulte en un menor problema de salud.