Ciudad de México, 21 de agosto de 2024 — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica este miércoles, al ordenar al Congreso de Yucatán la derogación de los artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto, logrando así la despenalización de esta práctica en la entidad.
La decisión surge a raíz de un amparo presentado por la Asociación Civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, el cual fue discutido en la Primera Sala de la SCJN. El proyecto, elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, buscaba amparar a la asociación y a aquellas mujeres y personas gestantes asistidas por ella, contra los artículos 389, 390, 392 y 393 del Código Penal de Yucatán, que penalizan el aborto.
Aunque la ministra Ríos Farjat propuso que el amparo se acotara únicamente a la asociación, la mayoría de los ministros de la Primera Sala votó a favor de extender los efectos de la resolución a todo el estado de Yucatán. Con tres votos a favor y dos en contra, se ordenó al Congreso local derogar los artículos mencionados, despenalizando así el aborto en la entidad.
A pesar de que la ministra Ríos Farjat votó en contra de la extensión de los efectos, al considerar que debían ser limitados a la asociación civil, la mayoría de los ministros determinó que la despenalización debería aplicarse en todo el estado, en consonancia con los precedentes establecidos por el Alto Tribunal.
Con esta resolución, Yucatán se convierte en el decimosexto estado de la República Mexicana en despenalizar el aborto, sumándose a Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco y Zacatecas.
A pesar de este avance legal, persisten desafíos en el acceso a servicios seguros y gratuitos de aborto en todo el país. En muchas regiones, las mujeres continúan enfrentando obstáculos significativos, como la falta de clínicas, la estigmatización social y la objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud.
La decisión de la SCJN marca un paso importante hacia la igualdad de derechos reproductivos en México, aunque queda mucho por hacer para garantizar que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso efectivo a estos servicios.