CIUDAD DE MÉXICO (The New York Times). — El presidente de México dijo que su gobierno al fin había resuelto el misterio detrás de la perturbadora desaparición de 43 estudiantes, uno de los peores abusos de derechos humanos en la historia reciente del país.
En agosto, el gobierno dio a conocer el reporte de una comisión de la verdad que indicaba que, tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército. Se giraron órdenes de aprehensión.
Sin embargo, el caso se ha desbaratado desde entonces. Se desecharon órdenes de aprehensión giradas en contra de sospechosos militares clave. El fiscal principal renunció. Y ahora, la columna vertebral del nuevo y explosivo reporte del gobierno está en duda.
En una entrevista con The New York Times, el líder de la comisión de la verdad dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real.
“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, dijo el funcionario, Alejandro Encinas.
La extraordinaria admisión —junto con una revisión de documentos gubernamentales, una grabación inédita hasta el momento y entrevistas con personas involucradas en la indagatoria— indican cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos: una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave.
La presión venía desde el nivel más alto: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en junio que su gobierno sabía lo que había ocurrido a los estudiantes desaparecidos y que este año resolvería el asunto, aunque los investigadores no habían certificado las pruebas aún.
Pero las dificultades también surgieron de la disfunción al interior del gobierno, donde los funcionarios que investigaban el caso retuvieron información clave unos de otros, perjudicando su propio caso.
En lugar de una victoria política, la promesa de campaña de cerrar al fin una herida abierta en el país se ha convertido en un inconveniente para el presidente, en tanto que las familias de las víctimas han criticado duramente al gobierno por no entregar ni verdad ni justicia.
“Tenían que haber hecho algo impecable y no lo hicieron”, dijo Santiago Aguirre, el abogado principal que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos. “Termina pareciéndose mucho a lo de antes, salir sin verificación, más por política que por convicción de tener ya esclarecida la verdad”.
La noche de septiembre de 2014 en que desaparecieron, los estudiantes, como parte de una tradición que, en buena medida, era tolerada por las empresas locales de transporte, habían tomado varios autobuses para trasladarse hasta una protesta en Ciudad de México que conmemoraba una masacre estudiantil ocurrida en 1968.
Pero los estudiantes fueron interceptados por pistoleros, entre ellos agentes de policía municipal que los obligaron a bajar de los vehículos, les dispararon a algunos de ellos y se llevaron al resto. Se sabe poco sobre lo ocurrido después de eso.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto manejó con torpeza la investigación, al producir una versión de los hechos llamada “la verdad histórica” que culpaba a los narcotraficantes y a los policías locales, y que los investigadores internacionales pusieron en entredicho. Incluso cuando surgieron pruebas que vinculan a las fuerzas federales de seguridad con la desaparición, la mayoría de los estudiantes nunca fueron hallados.
Para López Obrador, el caso tenía un significado especial.
Las víctimas, estudiantes de una escuela normal rural en Ayotzinapa, una comunidad pobre en el sur de México, forman parte crucial de su base de apoyo. La investigación profundamente defectuosa realizada en el gobierno de Peña Nieto alimentó una ola de descontento más amplia dirigida contra la clase política mexicana, lo que favoreció la candidatura de López Obrador y ayudó a llevarlo al poder en 2018.
Como presidente, el primer decreto de López Obrador estableció una comisión de la verdad encargada de investigar la desaparición. Al frente de la indagatoria nombró a Encinas, un viejo amigo y exsenador.
Las familias de los estudiantes fueron convocadas a Palacio Nacional para reuniones regulares y sintieron que al fin se les tomaba en serio. El gobierno abrió una investigación penal por separado, a cargo de un fiscal especial muy respetado, Omar Gómez Trejo. Se identificaron los restos de dos estudiantes.
Pero luego de que transcurrieron tres años sin muchos otros avances significativos, López Obrador empezó a ponerse ansioso.
“El presidente me dijo, ‘¿qué pasó? Ya informa’”, dijo Encinas en una entrevista. Y más tarde añadió: “Nos quedan dos años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar”.
Así que en febrero, Encinas tomó acciones drásticas: voló a Israel para encontrarse a solas con Tomás Zerón de Lucio, un exfuncionario mexicano acusado de poner deliberadamente en peligro la investigación del gobierno anterior.
Zerón, exdirector del equivalente mexicano del FBI que ahora vive en Israel y ha solicitado asilo en ese país, ha sido acusado de torturar testigos y sembrar evidencias. En enero, México envió a Israel un pedido de extradición por Zerón.
Un mes después, durante una comida que duró casi tres horas en Tel Aviv, Encinas pidió a Zerón información sobre los restos de los estudiantes que podría haber retenido mientras estuvo en el poder. El funcionario le ofreció el “apoyo del presidente” a cambio de su cooperación, según un audio de la conversación revisado por The New York Times.
“Ayúdame a desenmarañar todo esto”, le dijo Encinas a Zerón en el encuentro. “Yo te garantizo el apoyo del presidente”.
Cualquier duda que Zerón planteó sobre la posibilidad de superar el caso fue rebatida.
“Al presidente no le importa meter gente a la cárcel”, le dijo Encinas a Zerón, que enfrenta hasta 60 años de prisión.
“Reunirse con el hombre que ha sido identificado como el cerebro detrás del encubrimiento de lo sucedido, parece una medida desesperada”, dijo Kate Doyle, analista sénior en el Archivo Nacional de Seguridad, un instituto de investigación con sede en Washington, y experta en desapariciones. “El gobierno obviamente está batallando para reunir cualquier información a fin de poder decir que ha resuelto el caso”.
En una entrevista con el Times, Encinas dijo que intentaba persuadir a Zerón de que cooperara porque consideraba que tenía información valiosa y que solo le prometió que López Obrador respaldaría un acuerdo que podía haber incluido una sentencia reducida de prisión.
Liora Turlevsky, abogada de Zerón, dijo que el encuentro muestra “que las acusaciones contra mi cliente constituyen un libelo de sangre”, o alegato antisemita, “y una cacería de brujas realizada debido a intereses políticos internos”. Zerón, dijo Turlevsky, niega todas las acusaciones en su contra y no retiene ninguna información en conexión con el caso.
Un vocero del presidente no respondió a los pedidos de comentario.
El viaje a Israel no brindó nueva información. Sin embargo, dos meses después, en abril, Encinas al final consiguió lo que parecía ser un gran avance: un conjunto de mensajes de WhatsApp supuestamente enviados en 2014 por delincuentes, integrantes del ejército y otros funcionarios ya implicados con la desaparición.
Los mensajes parecían establecer con espeluznante detalle cómo habían asesinado a los estudiantes los narcotraficantes y dónde se habían deshecho de los cuerpos, según una copia sin testar, o íntegra, del reporte del gobierno revisado por el Times.
Los mensajes también sugerían, por primera vez según los expertos en el caso, que un alto mando del ejército estuvo directamente involucrado en la desaparición de seis de los estudiantes.
Luego, en junio, López Obrador hizo un aviso sorpresivo: el gobierno había establecido lo que le sucedió a los estudiantes desaparecidos. “Sí, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa”, dijo López Obrador.
En las semanas siguientes, los funcionarios se apresuraron para cumplir esa promesa, tomando decisiones que directamente debilitaron su propia investigación, en parte porque las personas que trabajaban codo a codo en el caso no confiaban plenamente unas en otras.
Los mensajes, que fueron compartidos con Encinas por una sola fuente como una serie de 467 capturas de pantalla, fueron cotejados con otras pruebas. Pero Encinas no compartió las capturas con la oficina de la fiscalía general a pesar de que, dijo, dichos funcionarios podían haber realizado un análisis forense para verificar la autenticidad de los mensajes.
Encinas retuvo los mensajes porque le preocupaba que se filtraran, dijo, y sentía la obligación de presentar un reporte “oportuno” a las familias de los estudiantes.
Un sentido de urgencia similar se había apoderado de la oficina del fiscal general.
Cuando Encinas se preparaba para dar a conocer sus hallazgos en agosto, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presionó a su principal fiscal para que preparara una orden de aprehensión contra su antecesor, Jesús Murillo Karam, quien se convirtió en el rostro de la investigación simulada del gobierno anterior, según varias personas con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El fiscal principal, Gómez Trejo, rogó que le dieran más tiempo para reunir pruebas adicionales contra Murillo Karam, pero se le negó, dijeron las personas enteradas. Entonces se hicieron cargos fiscales con poca experiencia en el caso y el ex procurador general fue apresado.
Pero el caso en su contra fue suspendido después por un juez que abiertamente amonestó a los nuevos fiscales por una labor desprolija.
Además, semanas después de causar el enojo de los líderes de las fuerzas armadas al solicitar órdenes de aprehensión en contra de oficiales militares, los fiscales dieron marcha atrás y pidieron a un juez que cancelara más de una docena de ellas, arguyendo “deficiencia probatoria” en su propio caso. La oficina de Gertz Manero también abrió una auditoría interna del caso presentado por Gómez Trejo, quien renunció luego de que lo marginaron.
Cuatro oficiales militares, entre ellos un general, siguen en custodia y esperan juicio.
La comisión de la verdad también estaba en problemas. Casi inmediatamente después de que Encinas publicara su informe, los mensajes de WhatsApp fueron objeto de cuestionamiento. Un equipo de investigadores internacionales que han estado siguiendo el caso durante años observaron que el tono de los mensajes difería del que habían detectado en otras comunicaciones interceptadas.
Luego de que públicamente surgieron dudas sobre los mensajes, Encinas los sometió a una revisión más exhaustiva. Dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas.
“Hay unos que hemos desechado”, dijo. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. Encinas admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.
Se espera que los investigadores internacionales publiquen su propio análisis de los mensajes a finales de mes. “Estamos haciendo la verificación para los padres”, dijo Ángela Buitrago, una de las investigadoras.
Encinas aseguró que, incluso si los mensajes resultaran haber sido falsos, aún tiene confianza en su investigación, que, dijo, estaba respaldada por otras pruebas y “tiene mucha solidez y se va consolidando”.
“En todas las investigaciones”, dijo Encinas, “hay aciertos y errores”.